Suiza se prepara para vivir sin su gran arma: el secreto bancario
Suiza niega ser un paraíso fiscal, y de hecho no está en lista elaborada por la Agencia Tributaria que señala con el dedo a los países rebeldes, a diferencia de Chipre, Liechtenstein y Mónaco, entre otros. Pero lo cierto es que el blindaje que protege a su banca de la obligación de proporcionar datos de clientes a otros países ha sido la piedra de bóveda de la prosperidad de un país en el que el sector financiero representa más del 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB). El secreto bancario helvético data de 1934, cuando fue institucionalizado por ley.
Sin embargo, la presión de sus vecinos de la Unión Europea y, especialmente, de Estados Unidos es cada día más intensa. El camino inexorable es el intercambio automático de información, señalan fuentes diplomáticas helvéticas. Suiza ya se ha cuadrado ante Obama. Las entidades helvéticas deberán informar a la agencia tributaria de EE UU de los clientes estadounidenses con dinero no declarado en cuentas suizas por más de 50.000 dólares (unos 37.000 euros).
España tiene en vigor desde el pasado 24 de agosto un convenio para evitar la doble imposición que permite solicitar a Suiza datos de contribuyentes que hayan podido cometer fraude o evasión. Las peticiones atendidas por Suiza hasta ese momento se limitaban a aquellas en las que existía un indicio delictivo, y era necesario además proporcionar el número de cuenta y la persona con nombres y apellidos de la que se pedía la información.
Ahora, el paraíso de los bancos, los relojes y el chocolate da un paso más allá y se propone poner en marcha cambios para evitar el lavado de dinero, entre los que se incluirá la limitación del pago en efectivo a 100.000 francos (unos 81.000 euros) cuando actualmente no hay tope –eso sí, en España la cantidad es de 2.500 euros– y la creación de una figura que tipifique el fraude fiscal tal y como se entiende en los países de su entorno.
Hasta ahora, la definición de fraude fiscal en Suiza es extremadamente exigente; tanto, que incluye tan solo actos como falsear documentación, cometer desfalcos con tarjetas de crédito y actos de similar calibre.
Fuentes cercanas a la administración suiza señalan que el Ejecutivo estudia abrir incluso aún más la mano. Entre las medidas que están encima del tapete se encuentra la posibilidad de poder ofrecer información a todos los países que así lo requieran sin informar a la persona de la que se solicita la información. Ahora el banco alerta al cliente de que se le ha requerido información sobre él.
Es más, casos de regularización fiscal como el facilitado por Hervé Falciani, exempleado del HSBC que sustrajo los datos de más de 100.000 cuentas del banco, podrían dejar de ser vistos como un sacrilegio por Suiza, al menos parcialmente. Y es que se baraja la posibilidad de colaborar con los países que utilicen datos robados, siempre y cuando estos hayan sido obtenidos de forma pasiva. No entraría en esta definición, por tanto, la información comprada a un empleado. Eso sí, esta modificación debe ser debatida y se espera una fuerte oposición por parte del sector financiero.
Suiza, en definitiva, no se opone al intercambio automático de información, si bien exige reciprocidad y que el estándar se aplique en todo el mundo. Sería injusto que entrara en vigor en si otras plazas financieras como Singapur o Hong Kong no lo hacen, explican fuentes tributarias helvéticas. Diplomáticos del país sentencian, en todo caso, que no queda otro camino ante la creciente presión de Bruselas.
Ya está en funcionamiento un proyecto piloto de base de datos que permite compartir la información fiscal en la Unión Europea. Lo forman Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y la propia España. Basado en la ley estadounidense de cuentas en el extranjero, conocida como Fatca, este sistema supone crear una suerte de intranet de datos, a la que pueden acceder todos los países integrados en ella. El objetivo de Bruselas es que el resto de los países europeos, también Suiza, vayan sumándose a este proyecto.
La fórmula de dar dinero en vez de nombres
Desde Suiza se ha planteado una fórmula para tratar de retener el secreto bancario o al menos retrasar su expiración: los denominados acuerdos Rubik. No obstante, fuentes diplomáticas dan por muerto este experimento, ante el imparable avance de un sistema construido sobre la base del intercambio automático de información.
Esencialmente, los acuerdos Rubik consisten en retener a los clientes con dinero no declarado un determinado porcentaje y enviar la recaudación directamente a los países.
La ventaja para el cliente radica en que quedaría exonerado de dar a conocer su identidad. Por supuesto, también se deja la puerta abierta a que los titulares cumplan con sus deberes fiscales con total transparencia. La tercera posibilidad, que consiste en que el cliente cierre la cuenta y deje su situación sin regularizar, quedaría cerrada para siempre.
Austria y Reino Unido han firmado acuerdos de este tipo, en vigor en ambos casos desde el 1 de enero de 2013, con resultados dispares. En Austria están satisfechos pero no en Reino Unido, donde la recaudación se sitúa muy por debajo de lo que habían previsto, confirman fuentes tributarias suizas.
Grecia e Italia también están en negociaciones sobre un eventual acuerdo de este tipo, y en el pasado España se interesó sobre el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que no se firmará ningún Rubik. Alemania lo barajó pero el Consejo Federal finalmente lo tumbó.