El mordisco a la sanidad
El capital especulativo y las compañías aseguradoras han entrado en el negocio de la sanidad. El autor cree que este es más que un paso atrás en la configuración de un sistema público de salud universal y solidario
El dinero se mueve con rapidez. Tiene sabuesos bien preparados que olfatean la presa a distancia. Y contactos de primera línea en la política, poco importa el color de la camiseta. No bien apurado el filón de la especulación inmobiliaria había que buscar alternativas de despojo en otros sectores. Y se encontraron, ¡vaya si se encontraron!
Uno de ellos era el de la sanidad. Un sector con oportunidades de negocio, muy atomizado tanto por la dimensión de las empresas privadas y la variedad de las especializaciones como por la falta de unidad de mercado -diecisiete comunidades autónomas; un sector, por tanto, con amplias posibilidades de economías de escala y de beneficios en la aplicación de modelos tayloristas de funcionamiento, esto es, de aumentos en la productividad laboral y en el rendimiento de la aparatología. El dinero no hace distingos entre fabricar tornillos y tratar enfermos. Por otro lado, todo hay que decirlo, es conocida la existencia de algunos comportamientos viciados en la sanidad pública que, convenientemente erradicados, supondrían un margen de beneficios adicional. Sin olvidar lo más importante: la existencia de un mercado cautivo, en aumento por la prolongación de la esperanza media de vida que, independientemente de la duración de la crisis, tendría que pasar por taquilla tarde o temprano.
Así las cosas, ya hay movimientos que se empiezan a producir en 2005, y antes, por lo que no puede afirmarse que haya una relación directa causa-efecto con las dificultades económicas actuales. Sí es cierto que los peones políticos empiezan a situarse desde entonces, y que las transferencias de activos (ventas, adquisiciones, ampliaciones de capital, fusiones entre empresas y adjudicaciones públicas) alcanzan su cénit entre primeros de 2010 y 2012. La situación ruinosa de la mayoría de las comunidades autónomas y el tablero del ajedrez político favorable, han posibilitado los primeros proyectos de privatización de la sanidad pública y de la, eufemísticamente llamada, "gestión compartida" en la Comunidad Valenciana. Fórmulas que valen, también, para minimizar los costes electorales de las decisiones de ajuste que tomen las empresas adjudicatarias.
Merece la pena detenerse un momento en el fondo y en la teoría de esta "gestión compartida". Aparentemente, se pretende sólo agrupar todos los servicios externalizados en una única empresa, y que los servicios de hospital, atención primaria y centros de especialidades continúen a cargo de la dirección pública; se contemplan por tanto dos direcciones. A todo esto, los servicios dependientes de la empresa privada son nada menos que diecisiete, y entre ellos algunos tan importantes como las resonancias, la farmacia y ortopedia hospitalaria, la electromedicina, la oxigenoterapia, el transporte sanitario o la electromedicina. Esta fórmula que, de alguna manera, supedita la dirección asistencial a la gestión económica (de beneficio) del proveedor privado tiene un dudoso recorrido, cuajado de conflictos diarios de relación entre ambas direcciones y entre el propio personal sanitario. Cualquier estudiante de primer curso de Administración de empresas convendrá en el incumplimiento de los principios básicos de centralización, unidad de mando, unidad de dirección y espíritu de equipo, entre otros, imprescindibles en una organización empresarial y ausentes del espíritu de esta "gestión compartida". Hay, sin embargo, una explicación plausible en la que coinciden las fuentes consultadas: este es un paso previo hacia la generalización de la gestión privada en toda la sanidad pública.
En este escenario, y puesta la sanidad pública en almoneda, el momento de compra del capital especulativo no ha podido ser mejor: administraciones autonómicas deficitarias y un discurso gubernamental de necesarios recortes. De ahí el revuelo en el movimiento registral de estos dos últimos años. Quienes primero han tomado posiciones en este mercado de oportunidades han sido las sociedades de capital riesgo, líderes hoy en cuota de participación, y, visto lo visto, no podían quedarse atrás teniendo ya activos y experiencia en el sector, las principales compañías aseguradoras del ámbito de la salud. Pero es de preocupar que las sociedades de capital riesgo puedan tener intereses en la sanidad pública española, ya que, según ellas mismas confirman, tienen como objetivo la máxima recompensa para el capital invertido y una práctica reconocida de entrar y salir de los sectores a tenor de las plusvalías obtenidas. Es una simple cuestión de principios. El sistema sanitario público, y con él la salud, no puede convertirse en objeto de trueque o negocio, moneda de cambio al mejor postor, sino que debe ser un servicio público no sometido a las estrictas reglas del beneficio, y la mejor rentabilidad que se le puede reclamar es la de ser generador de cohesión y justicia social.
No debemos dejarnos arrebatar el edificio de la sanidad pública que con tanto esfuerzo han construido varias generaciones de españoles. Sin lugar a dudas, este es más que un paso atrás en la configuración de un sistema público de salud universal y solidario. La Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril, considerada norma básica de aplicación en todo el territorio del Estado, dice en su Artículo 12: "Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución."
Necesitamos un compromiso de todos los partidos políticos para asegurar los recursos públicos necesarios para el mantenimiento de un modelo de sociedad solidario, en donde se contemple la sanidad, los sistemas de protección social y la educación en condiciones justas de acceso a todos los españoles. Y es posible: estableciendo primero un modelo tributario progresivo que haga pagar más al que más tiene, sin subterfugios y vías de escape. Reventando de una vez por todas las bolsas de fraude fiscal y evasión de capitales, acabando de forma decidida y ejemplar con la corrupción, lacras que atenazan y retrasan actuaciones fundamentales para el estado de derecho.
Hace diez años se conocía perfectamente, con mínima desviación, la evolución de la pirámide poblacional española -aumento del envejecimiento. Ya entonces podrían haberse tomado medidas de contención del gasto en sanidad, de austeridad y no de despilfarro, incluso de ajustes que siempre habrían resultado mucho menos dolorosos que los actuales (y lo que falta). Otro más de los agradecimientos a la élite de la clase política, y otra penitencia más que deben expiar en sus próximos ejercicios espirituales.
No descartamos la externalización de servicios, si ello supone una eficaz medida de ahorro en las clínicas y hospitales públicos (limpieza, mantenimiento de las instalaciones, luz, agua, telecomunicaciones, residuos, lavandería, cocina o seguridad), mientras que ello no disminuya la atención y cuidados básicos al enfermo, y contando siempre con una supervisión de la dirección pública. Seguramente hay que hacer cambios en la operatividad y sostenibilidad de la sanidad pública española, pero preferimos que se hagan desde dentro de la propia titularidad pública y por los mejores profesionales, que seguro que los hay. Eso sí, no les pidamos carnet político de afiliación, ni dejemos que las interferencias de costumbre sitúen a los amiguetes del partido de turno al frente de los hospitales. Terminemos de una vez con los enchufes de alto copete (¡qué utopía!).
En cualquier caso, eso siempre será mejor que entregar la gestión de nuestra salud pública al capital especulativo, que hoy está aquí y mañana está allí, donde haya algo que expoliar.
Pedro Díaz Cepero es sociólogo