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A las doce de la noche de hoy finaliza el plazo de la regularización especial

El sprint final de la amnistía

Los asesores constatan un alud de contribuyentes con intención de regularizar a última hora aunque en Moncloa dudan de que finalmente se recauden los 2.500 millones previstos

A las 00:01 horas del sábado ya no será posible acogerse, salvo errores técnicos justificables, al proceso de regularización tributaria especial. Este es el eufemismo que utiliza Hacienda para evitar pronunciar el término amnistía fiscal. La Agencia Tributaria calculó que este proceso, que permite aflorar rentas ocultas pagando solo un 10%, permitirá recaudar 2.500 millones. El Sindicato de Técnicos de la Agencia Tributaria (Gestha) señala que, según los datos de ejecución presupuestaria, la recaudación sólo ha logrado algo más de cien millones de euros hasta octubre. Fuentes oficiales indican que el resultado final será muy superior a esa cifra aunque reconocen que puede quedarse algo por debajo de los 2.500 millones.

Los despachos tributarios aseguran que han recibido en las últimas semanas un alud de clientes que querían regularizar. Así lo constata, por ejemplo, Víctor Hernán, socio responsable del área fiscal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. ¿Si hay tanto interés, porque nadie confía en recaudar los 2.500 millones? Javier Martín, socio director de F&J Martín, apunta algunas ideas. Señala que la tardanza de muchos contribuyentes en acudir a su asesor fiscal para regularizar la situación ha impedido obtener la información bancaria suficiente para acogerse a la amnistía. Este retraso se explica por esa costumbre tan española de dejarlo todo para el último momento y, además, porque la nueva ley contra el fraude -que tanto temor ha generado entre los evasores- no se publicó en el BOE hasta el 30 de octubre. Por otra parte, Martín recuerda que aflorar un alto patrimonio no supone necesariamente pagar una cuota elevada. Por ejemplo, un contribuyente que defraudó tres millones de euros en un ejercicio ya prescrito no debe declarar el 10% de ese importe (300.000 euros), sino los rendimientos obtenidos en los últimos cuatro o cinco años no prescritos. Si ha logrado unos intereses de 100.000 euros en ese período, la cuota a pagar suma sólo 10.000 euros.

Aclaraciones como esta, incluida en los dos informes que publicó la Dirección General de Tributos en junio y octubre también han reforzado la seguridad jurídica de un proceso que se inició con mucha desconfianza entre los despachos y multitud de dudas que Hacienda se ha afanado en responder para lograr el éxito de la amnistía. De hecho, una de las reformas del Código Penal se hizo sólo para asegurar que los contribuyentes que se acojan al proceso de regularización no podrán ser procesados por blanqueo de capitales siempre y cuando el dinero defraudado proceda de un negocio legal.

Montoro ya se cura en salud

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló esta semana que la declaración tributaria especial será "un éxito porque permitirá aflorar bases imponibles". Precisamente este será uno de los argumentos que utilizará el Gobierno para defender los logros de la amnistía aunque no se alcancen los 2.500 millones de euros previstos. Si bien puede sonar a excusa, los asesores fiscales apuntan en el mismo sentido. La amnistía contempla la regularización bienes que se tuvieran a 31 de diciembre de 2010. Ello implica que si un contribuyente se acoge al proceso, previsiblemente deberá presentar declaraciones extemporáneas del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2011. Además, si los bienes proceden de una herencia, será necesario declarar por el impuesto sobre sucesiones.

La amnistía también permite regularizar dinero en metálico de una forma muy sencilla. Basta llevar el efectivo el banco y depositarlo en una cuenta. Algunos asesores cuentan casos de contribuyentes que han recurrido a seguridad privada para acudir con millones de euros en billetes de alta denominación a la entidad financiera. Hay que tener en cuenta que el boom inmobiliario generó un volumen inmenso de economía sumergida que ahora puede entrar en el circuito legal con una leve penalización del 10%. Javier Martín señala que, además de la nueva obligación de declarar bienes en el extranjero, la prohibición de pagar más de 2.500 euros en efectivo -medida que entró en vigor el 19 de noviembre- también ha animado a muchos contribuyentes a regularizar su situación ante la dificultad para dar salida al dinero en metálico.

Para acogerse a la amnistía es preciso remitir la declaración especial por vía telemática a través de la página web de la Agencia Tributaria. En caso de problemas técnicos, se permitirá la entrega de declaraciones hasta el lunes.

Y ahora vendrá el palo que Montoro anunció

Víctor Hernán, de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, recuerda que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo referencia a la metáfora del palo y la zanahoria al contraponer la amnistía fiscal y la nueva ley contra el fraude. Hernán argumenta que, efectivamente, la obligación de declarar los bienes en el extranjero incluida en la ley antifraude es un palo que ha elevado el interés en la amnistía fiscal.Esta medida obligará a los contribuyentes a presentar una declaración informativa a la Agencia Tributaria en el caso de que cuenten con activos -depósitos, seguros, viviendas, acciones, entre otros-, que superen los 50.000 euros. Y lo que genera más inquietud es que si Hacienda descubre un bien no declarado "lo imputará en el período impositivo más antiguo de entre los no prescritos" como una ganancia patrimonial y, por lo tanto, tributará al marginal del contribuyente que puede alcanzar el 52% o, incluso, el 56% en Cataluña. Y ello es así aunque el activo descubierto se hubiera defraudado, por ejemplo, en 2002, un año ya prescrito. Además, sobre la cuota a pagar se aplicará una sanción equivalente al 150%.Hasta ahora, si Hacienda descubría un bien oculto en el extranjero y el contribuyente podía demostrar que el fraude se generó en un ejercicio prescrito, la regularización solo afectaba a los rendimientos obtenidos en los últimos cuatro o cinco años. Eso daba cierta seguridad a los evasores que tuvieran cuentas o activos fuera de España. Esa tranquilidad ahora ya no existe y explica en buena medida que los asesores fiscales lleven semanas acumulando horas extras. "Afortunadamente, mañana se acaba todo", decía ayer uno de ellos.

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