Un país de barreras para las empresas

El enérgico, claro y contundente discurso con el que Victor Grifols, presidente de la farmacéutica que lleva su apellido, obsequió el miércoles a los integrantes del Instituto Español de Analistas Financieros ha traspasado con creces los muros de la institución. El empresario catalán ha sabido resumir sin ambigüedades, paños calientes ni juegos dialécticos el sentir de buena parte de los empresarios españoles ante las barreras que encuentran para desarrollar su actividad en nuestro país. El presidente de los laboratorios Grifols amenazó incluso con dejar de invertir en España y trasladar la sede de su compañía a Estados Unidos si esas barreras, de origen económico, político y administrativo, no desaparecen. Con un ejemplo muy concreto y asombrosamente básico, Grifols describió alguna de las pesadas piedras que una gran empresa como la suya debe afrontar en su camino. No se trata, explicó, de que las condiciones laborales o salariales de Estados Unidos sean mucho mejores que las nacionales, sino de que en España no se garantiza "una cosa tan trivial" como el agua. En su opinión, las empresas españolas nacen severamente lastradas por las limitaciones que les impone su origen. En el caso de las farmacéuticas, ello implica depender de un Gobierno que fija el precio de los medicamentos "y encima no paga".

Ninguna de las dificultades a que aludió el empresario catalán contituye una novedad ni para el Gobierno actual -ya sea central o autonómico- ni para ninguno de los anteriores. España arrastra desde hace mucho tiempo un conjunto de patologías de diverso origen que convergen en un diagnóstico común: la ausencia de facilidades, cuando no la proliferación de impedimentos, tanto al espíritu emprendedor como al desarrollo empresarial posterior. Las grandes compañías y los pequeños negocios inician su camino tras haber superado una primera barrera que sitúa a España cada año entre los países que más trabas administrativas imponen a la creación de un negocio. A ello hay que sumar una cultura de penalización del riesgo que continúa considerando un fracaso crear una empresa fallida en lugar de una muestra de iniciativa personal y una consecuencia natural del proceso de aprendizaje. Una aversión al riesgo que se refleja en los problemas de financiación -agudizados en este momento por la crisis, pero presentes también antes de ella- que ahogan la puesta en marcha de numerosos proyectos. Pese a que algunas de esas barreras, como la rigidez de la legislación laboral, han sido derribadas por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a la crisis, hay otras que continúan en pie. Una de ellas es la intolerable permisividad pública y privada con la morosidad en los pagos; la otra, la permanente cultura de sospecha hacia una clase empresarial cuya función -absolutamente vital para el país- es crear empleo y riqueza.