La austeridad en las pensiones

El Gobierno mantiene su intención de abonar a los pensionistas con carácter retroactivo desde enero de 2012 toda la desviación que el IPC registre en tasa anual en noviembre por encima del 1%. Eso supone abonar más de dos puntos, si la inflación cierra sobre el 3%, con un coste de 2.000 millones de euros este año y otros 2.000 con su consolidación para 2013. Ese impulso en el gasto de la Seguridad Social supondrá un incremento en vena en el déficit fiscal de este año de similar proporción, que bien podría colocar la cifra por encima del umbral permitido por la Unión Europea. Bruselas autoriza a España a llegar a un déficit de, como mucho, 6,3% del PIB este eño, que bien podría superarse pese a no revalorizar las pensiones. El Gobierno insiste en revalorizarlas por cumplir ciegamente un compromiso electoral, cuando durante el primer año de Rajoy ha dejado en papel mojado casi todas sus promesas, especialmente aquellas que tienen que ver con el gasto público y con los ingresos fiscales.

Es cierto que las pensiones en España no son generosas; pero tiene poca justificación que no entren en la rueda de la austeridad, como el resto de los colectivos, cuando el sacrificio en ingresos y pagos se ha impuesto a todos para cumplir las cuentas públicas y devolver la viabilidad a la economía de este país.