Hacienda refuerza la seguridad jurídica del proceso

Los informes de Tributos sobre la amnistía son vinculantes

La Agencia Tributaria aseguró ayer que los informes en los que la Dirección General de Tributos aclara aspectos de la amnistía fiscal son vinculantes. Hacienda trata de ofrecer seguridad jurídica para que finalmente los contribuyentes regularicen su situación y, así, lograr los 2.500 millones de ingresos previstos.

El tiempo para acogerse a la amnistía fiscal se agota. El plazo termina el 30 de noviembre y, de momento, son muchos los contribuyentes que han mostrado interés en la medida y pocos los que han regularizado su situación. Para reducir al mínimo las incertidumbres del proceso y animar a que los declarantes con rentas ocultas se acojan a la amnistía, la Dirección General de Tributos (DGT) emitió a finales de junio y la semana pasadas sendos informes para aclarar las numerosas dudas que plantean los despachos fiscales.

Para cerrar el círculo, la Agencia Tributaria difundió una nota ayer en la que asegura que los documentos de Tributos son vinculantes y "tienen pleno valor jurídico".

La Agencia Tributaria señala que "ha trasladado internamente que los criterios incluidos en los informes de Tributos son los que deben ser aplicados por todos los funcionarios del organismo que se dediquen a la inspección". Y recuerda que "la DGT_es el órgano competente para interpretar las normas que deben aplicar los órganos de la Administración tributaria".

Numerosos despachos fiscales han trasladado a Hacienda sus temores ante la posibilidad de que los inspectores apliquen un criterio distinto del estipulado por Tributos y la nota de la Agencia Tributaria trata de eliminar esas inquietudes. En cualquier caso, Hacienda puede imponer sus interpretaciones a los efectivos de la Agencia Tributaria, pero no así a los tribunales.

"Nadie puede asegurar que desde un punto de vista jurídico [la amnistía fiscal] sea pacífica y no origine recursos, tanto en el campo del contencioso-administrativo como en el penal", señala el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Francisco José Navarro.

El proceso de regularización voluntario se centra en el IRPF, el impuesto sobre la renta para no residentes y el impuesto sobre sociedades. Los últimos datos publicados por el Gobierno indican que hasta junio solo se habían recaudado 50 millones. Los asesores reconocen que, en estos procesos, lo más sensato es agotar los plazos.