El Banco de España insta a las empresas a ajustar precios y reducir márgenes
El director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, insistió ayer en la necesidad de que las empresas ajusten los precios a costa de recortar los márgenes de beneficios y los costes laborales. El supervisor teme que la actual moderación salarial no se traduzca en un incremento de la competitividad.
Para que España salga de la crisis es preciso que su economía logre una mayor competitividad y, según Malo de Molina, ello solo se puede lograr "mediante la devaluación interna". ¿Qué significa esto? Pues que las empresas deben "ajustar los niveles de precios" a costa de reducir sus beneficios y los costes laborales.
La segunda parte de la ecuación sí que se está cumpliendo. Los costes laborales unitarios cayeron en 2011 y mantienen la misma tendencia en lo que va de año. Además, la reforma laboral contribuirá, al menos ese es uno de sus objetivos, a intensificar la moderación salarial.
Sin embargo, el Banco de España teme que el ahorro derivado de la reducción de costes laborales sirva para ampliar los beneficios empresariales y no para ajustar precios. De hecho, en 2011, los márgenes se incrementaron. En cualquier caso, Malo de Molina, que participó ayer en una conferencia organizada por Bolsas y Mercados de España (BME), destacó que España durante la crisis ha ganado competitividad, aunque a costa de destruir empleo. Y ese es precisamente el camino equivocado, ya que el beneficio que se logra por un lado -mayor productividad-, se pierde con los incrementos del paro y del gasto por desempleo.
Otro de los grandes problemas de la economía española es el elevado déficit público y su efecto sobre la financiación privada. El problema es que las elevadas necesidades de financiación de la Administración reducen las posibilidades de las empresas de acudir al crédito. Durante los últimos años, los préstamos al sector público han crecido con fuerza y el crédito a familias y empresas se ha reducido. Una situación que los economistas denominan crowding out (efecto expulsión) y que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha logrado revertir hasta el momento.
Los últimos datos del Banco de España indican que el crédito al sector público se incrementó en julio un 2,5% a la par que caían los préstamos a familias y empresas. España es el país europeo que ha sufrido un deterioro mayor de las cuentas públicas. Basta recordar que en 2008 se registró un superávit de 20.255 millones, cifra que se convirtió dos años después en un déficit de 117.143 millones. No existen precedentes de un deterioro de las cuentas públicas tan rápido. Y reducir el desfase fiscal no es fácil. Tras años de recortes y ajustes, el déficit cerró el año anterior ligeramente por encima de los 100.000 millones, un importe que incluye los costes de la reestructuración bancaria.
Malo de Molina señaló que resulta vital proseguir con la senda de consolidación fiscal en un momento en el que "la deuda privada se ha ido filtrando a la deuda pública". En este sentido, el director adjunto del Servicio de Estudios del Banco Santander, Antonio Cortina, que también participó en las jornadas de BME, señaló que la deuda española se encuentra en un nivel "incómodo" y subrayó que su aumento "tan significativo" está pesando sobre el crecimiento. La deuda pública cerrará este año por encima del 85% y el siguiente ya sobrepasará el 90,5%. Hay que remontarse a principios del siglo XX para encontrar una cifra mayor de endeudamiento público.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, intervino en las jornada para indicar que muchos erraron al considerar que el bajo nivel de deuda de España antes de la crisis respecto a la media europea sería una variable suficiente para evitar el riesgo de intervención. Si bien ello es cierto, el hecho de que España tuviera un endeudamiento inferior al 37% del PIB en 2007 -frente al 59% de la Europa de los Veintisiete-, explica que el país todavía no haya sufrido un rescate como Grecia, Portugal o Irlanda. En cualquier caso, el FMI prevé que la deuda pública rebase el 100% del PIB en 2014.
Compromiso "suicida" con las pensiones
El objetivo de déficit para 2012, fijado para el conjunto de las administraciones en el 6,3% del PIB, será inalcanzable si las pensiones se revalorizan conforme al IPC de noviembre, lo que supondría un gasto de 3.500 millones adicionales, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
De esta forma, los expertos de Fedea coinciden con los cálculos hechos la pasada semana por el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien coincidió en la incompatibilidad de revalorizar pensiones y cumplir el objetivo de déficit.
El subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, consideró que "no hay margen" para revalorizar las pensiones y hacerlo sería "paradójico", puesto que la subida del gasto de la actualización se comería el aumento de los ingresos procedentes de la subida del IVA.
En esta línea, el profesor Sergi Jiménez dijo que el gasto en pensiones es "el último recurso" que le queda al Gobierno para cuadrar los presupuestos y liberar crédito para el crecimiento.
Por todo ello, el director de la fundación, Michele Boldrin, se mostró convencido de que el Gobierno acabará congelando las pensiones este año y las recortará el año que viene. "El gasto en pensiones es el último recurso que tiene el Gobierno y la única fuente de crédito que le queda a la economía española", señaló. Y añadió: "hay que dejar el discurso populista de no tocar las pensiones porque el sistema de Seguridad Social español está haciendo mucho daño a su economía, a los trabajadores y a los jóvenes".
"Si el Gobierno se niega a tocar las pensiones, es un Gobierno suicida", aseguró Boldrin, quien insistió en que las pensiones que se pagan "son incompatibles con este país".