El Estado cubrirá cualquier necesidad de capital de Bankia
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado hoy en el Congreso que Bankia necesita 9.000 millones de euros adicionales entre capital y provisiones, el grueso de los cuales serán aportados por el sector público.
Aludiendo al carácter sistémico de Bankia, Guindos ha avanzado que el Estado "apoyará plenamente", a través del FROB, cualesquiera necesidades de capital que tenga la entidad. Después de desgranar los acontecimientos que han llevado a la histórica nacionalización, Guindos ha avanzado una hoja de ruta con los "hitos de la reestructuración" de la entidad.
El ministro ha explicado que, una vez constituido el nuevo equipo directivo de Bankia, este deberá presentar un plan de viabilidad, con las necesidades de capital que le lleven a cumplir con la regulación. Y ha avanzado que esos requerimientos incluirán 7.100 millones en provisiones, y otros 1.900 como buffer (colchón) de capital público puro y duro.
Eso suma, al menos 9.000 millones de euros, aunque, según la tesis de cobertura total anunciada por Guindos, será el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, quien decida dicha cantidad cuando presente el citado plan de viabilidad.
Aprobada la nueva inyección, se ejecutarán las acciones convertibles que ya tiene el FROB en la entidad (4.465 millones de euros), y, ya bajo el control de dicho fondo, el Gobierno "procederá a recapitalizar un banco ya público, mediante una ampliación de capital plenamente suscrita por el FROB, esto es, el Estado".
Concluida la recapitalización de la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), le llegará el turno a Bankia. Según ha avanzado Guindos, el incremento de capital incluirá derechos de suscripción preferentes para los actuales accionistas, y estará garantizada por el 45% de participación de BFA.
æscaron;nico modo de recuperar todo o parte de lo invertido
El ministro ha explicado que la nacionalización de Bankia se ha realizado, en primer lugar, porque es "la única herramienta para que el FROB recupere todo o parte del dinero invertido" en su día (4.465 millones) como acciones preferentes del banco. Además, esa decisión "le garantiza al Estado los suficientes derechos de voto para controlar el saneamiento de la entidad".
A partir de ahí, el Gobierno pretende "facilitar la gestión ordenada y permitir su enajenación lo más rápidamente posible, para recuperar los fondos públicos"; además, espera contribuir a la profesionalización de la entidad para atraer futuros inversores, "objetivo que cumple Goirigolzarri". En ese sentido, se buscará renovar el consejo de administración, con menos consejeros y de "reconocido prestigio e independencia".
Como colofón, el Gobierno busca la "máxima prudencia" entre los gestores, así como la "total garantía" de los depósitos de la entidad. Guindos se ha esforzado en reiterar que la estrategia gubernamental respecto a Bankia es "excepcional", debido a su carácter sistémico.
Guindos prepara un cambio en la comercialización de las preferentes
El ministro de Economía ha dado a entender que habrá cambios en la regulación de las participaciones preferentes y ha asegurado que "solo se debería permitir la venta de a minoritarios si existe un tramo institucional que fije las condiciones".En respuesta a una pregunta del portavoz de Economía del Grupo Socialista, Valeriano Gómez, Guindos ha afirmado que "nunca debieron comercializarse las participaciones preferentes entre particulares".A su juicio, se trata de un producto "híbrido y complicado", que empezó a comercializarse entre particulares a la vista de que los inversores institucionales no lo querían.Bankia cuenta con 3.000 millones de euros en estos productos, que fueron emitidos por Cajamadrid en 2009. Según ha explicado Guindos, están colocados "entre su mejor clientela, y hay que buscar una solución satisfactoria tanto para la empresa como para la entidad".
Retraso del calendario de subastas
De Guindos ha anunciado en el Congreso que le Gobierno se ha replanteado el calendario de subastas de Catalunya Caixa y Banco de Valencia, cuya finalización estaba prevista para junio. Según el ministro, el encargo de los tests de estrés sobre la banca española a dos consultoras externas y las inminentes auditorías han llevado a los potenciales inversores a pedir un aplazamiento en la decisión.
