EDITORIAL

Remover las barreras de las profesiones

Un año después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero abandonara el proyecto de elaborar una nueva Ley de Servicios Profesionales, el Gobierno ha decidido coger el toro por los cuernos y retomar una asignatura pendiente que, dado el elevado número de sensibilidades en juego, probablemente está destinada a levantar ampollas. La iniciativa del Ejecutivo se encuadra dentro del Plan Nacional de Reformas que fue remitido hace unas semanas a Bruselas y su objetivo es eliminar las barreras "injustificadas y desproporcionadas" que existen en el ámbito de la prestación de servicios profesionales en España. Como reconoce el propio Gobierno, las profesiones reguladas integran uno de los sectores que más contribuyen a la actividad económica en nuestro país, con una aportación al PIB que algunos estudios cifran cercana al 9%. Al mismo tiempo, el sector ha constituido a lo largo del tiempo una fuente de preocupación en materia de libre competencia. Así lo ha evidenciado más de una vez la Comisión Nacional de la Competencia, al penalizar la existencia de deficiencias en los mecanismos de acceso al ejercicio de algunas profesiones, así como en materia de orientación de precios o de restricciones a la publicidad.

En los borradores legislativos que elaboró el Gobierno socialista se pusieron las bases de una verdadera revolución en el sector. Así, se limitaba drásticamente la colegiación obligatoria al reducirla solo a aquellas profesiones relacionadas con ámbitos donde la protección del consumidor es especialmente necesaria, como es el caso de los servicios jurídicos o de salud. También se abogaba por suprimir un importante número de reservas de actividad con el objetivo de abrir las puertas de algunas profesiones a más de una titulación. Pese a que todas esas propuestas fueron duramente criticadas por diferentes grupos de profesionales -especialmente importante fue la oposición de la ingeniería- todo apunta a que el Ministerio de Economía podría utilizar ahora alguna de ellas para culminar la liberalización de ese mercado. Se trata, a priori, de una tarea compleja y en la que será necesario conjugar, bajo criterios de equilibrio y eficiencia, el mantenimiento de una especial tutela en aquellos ámbitos en los que la seguridad de las personas está especialmente expuesta con la exigencia de eliminar obstáculos que ahogan la actividad profesional. En ese proceso debe escucharse -con respeto y atención- la voz de los profesionales y de los colegios, aunque sin que ello suponga el mantenimiento de intereses puramente de parte o de prerrogativas que no estén justificadas por el interés general. Al fin y al cabo, los beneficiarios de una competencia abierta en las profesiones no son solo los consumidores, ni siquiera únicamente los profesionales, sino el todo el conjunto de nuestra economía.