La gran encrucijada bancaria

Difícil situación la del sector financiero. El autor considera que no es tiempo de lamentaciones sino de encontrar soluciones, y repasa los filtros que debe incluir una hoja de ruta para la banca.

Cuatro años después, parece que llegó el momento de la definición de una hoja de ruta que responda a las preocupaciones internas y externas sobre la salud del sector bancario español y de las soluciones que se requieren para ello. Habrá que esperar a conocer los detalles porque se habla de cambios fundamentales en los que el cómo importa tanto como el qué para que las medidas que se pongan en marcha tengan la suficiente efectividad y generen confianza. Aunque es verdad que hace tiempo que podría haberse inyectado el capital necesario en el sector bancario español -cuando se hizo en toda Europa en España no se había aún reconocido un problema de solvencia-, no es tiempo ahora para lamentaciones sino para tratar de instrumentar las soluciones. Repasemos algunos de los filtros fundamentales que se presuponen que una hoja de ruta para el sector financiero español debe tener para solventar los problemas actuales.

En primer lugar, conviene analizar la cantidad de recursos que se inyectarían al sistema y la forma en que esto se produzca. En la prensa se ha señalado que el FROB inyectará en Bankia entre 7.000 y 10.000 millones de euros -que solamente utilizaré de ejemplo- en forma de capital contingente -los famosos cocos- que se instrumentarían como un préstamo del FROB. Este es un tema crucial porque los cocos constituyen uno de los elementos que las nuevas propuestas de resolución de crisis bancarias consideran como más útiles para solventar las mismas. Favorecen la dilución de capital y la entrada de inversores a precios más convenientes, alivian la presión de las renovaciones de deuda en el momento de la conversión y elevan la solvencia a medio plazo de la entidad y, con ello, su valor de mercado y su atractivo para los inversores. Eso sí, existen aspectos técnicos que es determinante ejecutar de forma adecuada como la valoración de los cocos y el momento y valor de la conversión de deuda por acciones. Además, el uso de instrumentos como los cocos aportados por el FROB suponen una vía para inyectar capital que engrosará la deuda pública pero no del temido déficit, dado que se consideran ayudas temporales de las que el Estado sacará una importante rentabilidad. En este punto, habría que aclarar también hasta qué punto el esquema de los cocos será extrapolable a un mayor conjunto de entidades.

Por otro lado, si de algo han adolecido las hojas de ruta hasta la fecha -como he tenido oportunidad de señalar en otras ocasiones- es de falta de suficiente contundencia, ya que, en mi opinión, se ha tendido a infraestimar la falta de confianza de los mercados sobre las pérdidas actuales y potenciales de valor de un conjunto importante de activos.

En los últimos tiempos, numerosos analistas -incluido el último informe del FMI- mostraban algunas dudas sobre el alcance de la refinanciación de créditos en el sector bancario español (el famoso problema de evergreening), con todos los problemas de reconocimiento de pérdidas y transparencia que implica. De hecho, cuando se presentó la última de las reformas (el RD-L 2/2012), algunos economistas señalamos que la consideración de las provisiones necesarias para cubrir pérdidas en sentido dinámico -estimada tan solo en un 7%- podría ser insuficiente, pero que lo bueno de la reforma es que abría la posibilidad de revisiones de esta estimación. De hecho, algunas voces apuntan a que esta provisión podría ahora aumentar de forma significativa, lo que aumentaría la cobertura del deterioro bancario en España. Si finalmente se acometiera, hay que reconocer que elevar las provisiones va a suponer un esfuerzo titánico para muchas entidades que ya han hecho notables ajustes y, por ello, sería conveniente que, sean cuales sean, las nuevas reglas del juego tuvieran una cobertura suficiente como para no tener que volver a cambiarlas, dando mayor seguridad a las entidades financieras en su planificación y esfuerzo. En este contexto, podría ser necesaria una nueva ronda de apoyos públicos y posibilidades como las de los cocos anteriormente comentada podrían ser una opción.

El tercer pilar de la nueva hoja de ruta será, al parecer, la creación de sociedades de liquidación inmobiliaria. Con esta acción, se podría realizar una valoración independiente que podría lograr una valoración creíble de los activos deteriorados de conjunto -demandada desde muchas instancias-, con la pérdida de valor que determinase ese auditor independiente. Si la adscripción es solo voluntaria -como parece recogerse en la prensa- y solo se obligara a las entidades que no puedan cumplir con las nuevas provisiones, no hay que olvidar que las sociedades de liquidación generarían una asimetría que no parece del todo conveniente, con unos activos valorados de forma independiente -los que formaran parte de las sociedades- y otros no -los que decidieran no participar-, lo que podría afectar a su profundidad y efectividad. La valoración independiente y el reconocimiento de la pérdida deberán ser muy precisas para que estas sociedades sean creíbles.

En cuanto a los plazos para la liquidación de activos, se habla de 10 a 15 años, lo que se antoja algo amplio respecto a otras experiencias históricas internacionales de éxito. Y donde reside el mayor misterio -y será un aspecto central- es en cómo se reconocerá la pérdida potencial y el vehículo financiero que se instrumentará para dar salida a los activos.

Este conjunto de actuaciones parece que requerirá la participación de fondos públicos de algún modo. Sería bueno despejar, ante las tensiones en el mercado de deuda soberana, cómo se puede obtener esa financiación y en qué condiciones. No olvidemos que buena parte de estos apoyos públicos son en forma de garantía y conforman el mecanismo de backstop que necesita nuestro país para recuperar la confianza. Este es un elemento fundamental para el éxito de esta reforma. Lo que tiene que lograr este mecanismo es que se realice un reconocimiento suficiente de pérdidas y una estructura diferida para la salida de los activos en lugar del reconocimiento diferido del deterioro y la estructura estática de resolución de las que han adolecido las reformas hasta la fecha.

España se enfrenta, por lo tanto, estos días a una encrucijada de grandes proporciones, en la que el sector bancario es el símbolo y recipiente de los desequilibrios que ha acumulado el conjunto de la economía, incluyendo una enorme deuda privada (ahora, incluso, el sector financiero acumula también buena parte de la púbica) y un sector inmobiliario en el que aún queda una importante parte del ajuste por realizarse. Utilizando un símil de operación quirúrgica, lo que salga de la sala de operaciones dependerá mucho de que el diagnóstico sea adecuado y los instrumentos suficientemente buenos para extirpar todas las dudas y no solo parte de ellas. El éxito de la operación estará en buena medida en los detalles.

Santiago Carbó. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada