Los proveedores que acepten quitas en la deuda cobrarán sus facturas antes
Las directrices aprobadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el plan de pago a proveedores confirman que a la hora de decidir qué facturas serán pagadas antes, las comunidades autónomas tendrán en cuenta tres criterios: el descuento ofertado sobre el importe principal de la deuda pendiente, que se haya iniciado la vía judicial para reclamar dichas obligaciones no abonadas y la antigüedad de la factura.
Pese al revuelo inicial que suscitó el anuncio del Gobierno central de que aquellos proveedores que aplicaran quitas a la deuda pendiente de pago cobrarían antes, el Ejecutivo ha decidido mantenerlo finalmente como uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de decidir qué facturas se abonan primero. Los otros aspectos que serán considerados son "la antigüedad de la obligación pendiente de pago y que se trate de una factura cuya exigibilidad se haya instado ante los tribunales de justicia antes del 1 de enero de este año", según consta en una de las disposiciones aprobadas por el BOE el pasado sábado. Estas directrices se corresponden al acuerdo adoptado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 6 de marzo.
1.984 millones en Cataluña
En dicha reunión ya se plantearon las líneas maestras de este plan de pago a proveedores. El pasado domingo finalizó el plazo para que las regiones remitieran a Hacienda su relación de facturas impagadas y el correspondiente plan de ajuste con el que se comprometen a devolver los créditos que reciban para hacer frente a esa deuda. Según desveló el Ejecutivo, Galicia, País Vasco y Navarra ya han anunciado que no se adherirán a dicho programa porque o no tienen deuda comercial pendiente o esta es de un importe que pueden afrontar sin necesidad de acceder a esta financiación extra. Salvan de ese modo la fiscalización de sus cuentas públicas por parte del Estado.
En este sentido, Hacienda optó ayer por esperar a ofrecer datos conjuntos de las regiones que sí le han remitido su relación de facturas, aunque algunas comunidades decidieron publicar los datos referidos a sus territorios. La Generalitat de Cataluña desveló ayer que sus facturas pendientes de pago con proveedores suman un total de 1.984 millones de euros, mientras Castilla-La Mancha cifró su deuda en 2.500 millones; Cantabria, en 332, y La Rioja, en 76,1 millones. El Ejecutivo que preside Artur Mas ha presentado un total de 268.489 facturas. Esta cifra incluye las obligaciones pendientes de pago de la propia Generalitat y también las de sus empresas y entidades públicas, así como las relacionadas con conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
El plan de pago a proveedores de comunidades y ayuntamientos puesto en marcha contempla un préstamo de 35.000 millones a diez años (financiado por la banca y el ICO) con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%. El plazo para los ayuntamientos también concluyó y, según la información recibida, se han acogido al mismo 4.622 municipios, que presentaron casi dos millones de facturas por 9.584 millones.
Los proveedores con facturas pendientes de los ayuntamientos tienen toda esta semana para confirmar que quieren cobrar, ya que, en caso contrario, no se les reembolsarán sus facturas pendientes. Para ello tienen dos opciones: acudir a los ayuntamientos y hacer esa gestión en formato papel hasta el día 20 de abril o de forma telemática a la base de datos de la Agencia Tributaria hasta el día 22.
Galicia garantiza que pagará en dos meses
La patronal de los laboratorios farmacéuticos Farmaindustria acogió ayer con satisfacción el anuncio realizado recientemente por el Ejecutivo gallego de que saldará en los dos próximos meses la deuda que mantiene con los proveedores y que lo hará a través de un sistema propio de emisión de deuda y no por el mecanismo extraordinario diseñado por el Gobierno central.Según esta organización, al cierre de 2011, Galicia mantenía una deuda con las compañías farmacéuticas por suministro de medicamentos a hospitales públicos de 264,7 millones, con una demora media en el pago de 306 días, frente a un periodo medio de pago en el conjunto del Sistema Nacional de Salud de 525 días. Farmaindustria confía en que la articulación de una solución al pago de esta deuda permita, además, normalizar el abono de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de deuda. De esta forma también se evitará, en su opinión, poner en riesgo no solo la viabilidad de muchas compañías, sino también la calidad de la prestación farmacéutica que las comunidades autónomas puedan seguir ofreciendo a sus ciudadanos.
