Una docena de grandes entidades se adhiere al código antidesahucios
La confederación de cajas de ahorros, la CECA, ha informado esta mañana de que las grandes entidades del sector que aún no se habían pronunciado, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y BMN, firmarán el código anitdesahucios promovido por el Gobierno. Tras los anuncios ayer de Satander, Catalunya Caixa, Bankinter, Sabadell y la inminente adhesión de Popular y NovaGalicia, la gran ausente es BBVA.
Después de que algunas entidades financieras rompieran ayer con el silencio que imperaba en el sector y anunciaran su adhesión al código antidesahucios, la confederación de cajas de ahorros españolas, la CECA, ha querido dejar claro hoy que sus miembros firmarán el decálogo.
Por lo pronto, asegura un comunicado de la confederación, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y BMN se sumarán a la iniciativa voluntaria que promueve Economía. "Se espera que el resto de entidades asociadas a la CECA anuncien, si no lo han hecho ya, su adhesión en los próximos días, una vez evaluados los correspondientes impactos en su cartera de préstamos", reza el documento.
A esta lista habría que sumar a Catalunya Caixa primera entidad financiera, aparta de las cajas rurales, en anunciar que aplicaría el decálogo de embargos para familias pobres. NovaGalicia, por su parte, da por hecho que se adscribirá una vez lo apruebe su consejo de administración.
Del lado de los bancos, Santander y Bankinter afirmaron ayer que cumplirán con el código, que obliga formalmente a aplicar su contenido durante al menos dos años, Sabadell acaba de confirmar que se suma, con lo que entre las grandes firmas destanca la ausencia de respuesta de BBVA. Esta última entidad destacó ayer que está "estudiando la viabilidad técnica" que supondría aplicar la medida.
Por el momento, no obstante, tampoco han anunciado su adhesión Banca Cívica, que lo esta estudiando, o Banco de Valencia. Liberbank se ha sumado también en las útlimas horas. En todo caso, la primera lista oficial de adhesiones será publicada en abril y una comisión de control vigilará su cumplimiento.
Las claves del código
El código obliga a las entidades a suavizar el tratamiento que se da a las familias más pobres en caso de que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, estableciendo un protocolo de refinanciación y quitas que convierte el desahucio en la última opción. La norma afecta a las familias con todos sus miembros en paro, en las que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no dé para cubrir las cuotas de la hipoteca y cuando la ejecución afecte a su única residencia.
Esta no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en los pueblos. Las entidades firmantes deberán concederles un periodo de carencia, en el que no se paga capital, de cuatro años, alargar sus hipotecas a 40 años y rebajar el tipo de interés a euríbor más 0,25. También pueden ofrecer una quita. Si, finalmente, transcurridos 12 meses la familia es incapaz de cubrir las cuotas, la entidad debe aceptar la dación en pago (dar la vivienda como única condición para saldar la deuda).
El Gobierno exige además que la entidad permita a los afectados permanecer en la vivienda durante un periodo de dos años, bajo régimen de alquiler, con una factura anual equivalente al 3% del saldo de deuda restante que deben pagar las familias. A cambio de sumarse al decálogo, las entidades pueden deducirse fiscalmente del impuesto de sociedades las pérdidas ocasionadas por aplicar la dación en pago, están exentas del impuesto actos jurídicos documentados y ven bonificada al 50% las costas notariales.
