Finanzas
Ordóñez cree que hay delito en la gestión de Amorós en CAM
Ordóñez cree que hay delito en la gestión de Amorós en CAM

Ordóñez cree que hay delito en la gestión de Amorós en CAM

La ex directora general, que fue increpada al llegar al juzgado, reclama 10 millones por su despido más una pensión.

Sentimientos a flor de piel y expectación mediática en el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante. El viernes comenzó la vista oral del juicio en el que María Dolores Amorós, ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), reclama el pago de una indemnización por su despido. En frente, los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) argumentaron que su gestión de la entidad es punible penalmente.

A su llegada al juzgado, en torno a las diez menos cuarto de la mañana, Amorós fue abucheada por ahorradores afectados por la quiebra de CAM en presencia de muchos medios de comunicación.

La mujer que estuvo al frente de la firma alicantina entre diciembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011 -fecha en que fue intervenida la caja- demandó ante el juez que la caja le desembolse 10 millones de euros en concepto de lucro cesante. Considera que esta es la cantidad que le hubiera correspondido en los 17 años que le quedaban como empleada antes de su jubilación. Además, reclama el doble de la cuantía que le hubiera correspondido en concepto de indemnización por despido improcedente. El importe de este pago no fue concretado, pero Amorós ha trabajado 20 años en CAM.

CAM 1,34 0,00 %

La ejecutiva también quiere que se respete su pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de CAM y que luego fue derogada. Amorós cree que su despido, dictado por los administradores del FROB el pasado 28 septiembre, le ha causado daños morales.

Sus exigencias contrastan con la opinión de José Antonio Iturriaga, uno de los tres administradores del FROB. Ante el juez afirmó que la gestión de CAM es propia de la "vía penal". Expuso que hay documentos, soportes informáticos y correos electrónicos que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras. El testigo señaló que la situación patrimonial real de la caja era "muy distinta" a la que dibujaba su dirección y que las pensiones asignadas a los ejecutivos que abandonaban la entidad "eran muy superiores" a la media de otras entidades.

Un informe del Banco de España desvela que seis directivos de CAM que se acogieron al ERE de junio de 2011 cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación.