_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La reforma laboral se queda corta

Con una tasa de paro del 23% de la población activa, el nuevo Gobierno español sabía que debía afrontar una reforma del mercado laboral. Pero el plan que ha dado a conocer se queda corto en los aspectos necesarios para poner al país en una senda de creación de empleo.

Uno de los problemas clave es que la rigidez de las normas hace imposible para muchas compañías el ajustar salarios, que tienden a ser actualizados según la inflación. La nueva legislación les permitirá tener más flexibilidad para descolgarse de la negociación colectiva y poder fijar sueldos y horas de trabajo.

Pero otro de los problemas estructurales, un mercado laboral dual con elementos sobreprotegidos, no ha sido del todo abordado. Cuando las cosas se ponen difíciles, los trabajadores temporales (un cuarto del total) son los primeros en la fila. Introducir un contrato único e indefinido, con una indemnización creciente con la antigüedad, hubiera ayudado a eliminar esa dualidad.

En su lugar, el Gobierno ha recortado los costes de los despidos improcedentes. La nueva ley también clarifica las circunstancias por las que las compañías pueden pagar 20 días por año trabajado por despidos procedentes. Esta flexibilidad puede hacer que los contratos fijos sean menos costosos para las empresas, aunque generarán más desempleo a corto plazo.

El Gobierno ha tomado algunas medidas para crear empleo, introduciendo más subvenciones a la contratación, animando a las empresas pequeñas a contratar a jóvenes trabajadores con un año de prueba. Pero ese tipo de enfoque fragmentario no ha funcionado bien en el pasado.

El Gobierno está reformando las leyes laborales pero no está haciendo mucho en lo relativo a los costes laborales. La cuña fiscal de España sobre el trabajador -la diferencia de lo que paga la compañía y lo que recibe el trabajador- está cerca del 40%. Eso es un 5% más que la media de la OCDE. Un recorte podría ser financiado por una subida del IVA, como se ha hecho o planeado en otros países europeos. Al Gobierno no le gustará. Pero si quiere luchar contra el paro, es un paso que quizás tendrá que dar.

Por Fiona Maharg-Bravo

Más información

Archivado En

_
_