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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una reforma integral y muy profunda

La evolución de la normativa laboral en la España democrática ha consistido en una lenta, lentísima, transición desde los procedimientos paternalistas propios de la dictadura franquista hasta unos cánones laborales equiparables a Europa, en cuya economía está integrado el sistema productivo español y con cuyos iguales tiene que competir. Aunque tal evolución no ha concluido, las sucesivas reformas han dado pasos notables, y el aprobado por el Gobierno de Rajoy en el Consejo de Ministros del viernes tiene avances muy profundos.

La reforma toca todas las teclas: la formación, la entrada en el mercado de trabajo, el desenvolvimiento interno en las empresas y la salida del mercado de trabajo. Consideradas todas juntas, puede hablarse de una auténtica revolución en la normativa laboral. Sacar conclusiones definitivas sobre el desempeño de esta reforma es como escribir en el agua, porque la situación de la economía es tan grave que cualquier plazo y objetivo cuantitativo de empleo que se establezca, aunque sea aproximado, puede saltar por el aire de un día para otro. Pero el carácter revolucionario de los cambios que exigen las circunstancias económicas y sociales (5,2 millones de parados, 25% de ocupados temporales y unas expectativas de empleo profundamente recesivas durante varios trimestres) están en el articulado del real decreto aprobado por el Gobierno.

Las decisiones de contratación de las empresas, las grandes y las pequeñas, no dependen exclusivamente de esta reforma laboral; no dependen exclusivamente del saneamiento del sistema financiero; no dependen exclusivamente de lograr la confianza de nuestros fiadores y rebajar el coste de la financiación; no dependen exclusivamente de la reforma del Estado, de la energía y de lograr los objetivos de déficit fiscal. Pero sí dependen de la suma de todas estas variables convenientemente manejadas y por ello ninguna de ellas puede obviarse en la gestión reformista de la economía del corto y medio plazo.

Los empleadores pueden estar satisfechos de los cambios de la norma. No hay giros copernicanos en la entrada en el mercado laboral, pero hay una inyección directa de ayudas económicas para la contratación de los emprendedores y empresas de menos de 50 trabajadores, convirtiendo en dinero activo el seguro pasivo de desempleo, que es el primer empujón para quien tiene un proyecto empresarial, un negocio, en su mente.

Este impulso a la contratación se complementa con un vuelco en la gobernanza interna de las relaciones industriales en la empresa. Las dificultades de los descuelgues de convenios sectoriales o territoriales desaparecen, porque el veto sindical se elimina y las empresas podrán adaptar los salarios a sus posibilidades reales, evitando o minimizando la opción del despido cada vez que la crisis presiona las ventas o la cuenta de resultados. Además, la ultraactividad de los convenios, esa especie de vida eterna que le proporcionaba la ley y que ha enterrado a miles de empresas, desaparecerá en dos años si el pacto no se ha renovado, lo que posibilitará partir de cero en la negociación y acoplar las condiciones a la realidad económica. En buena parte cesará el tradicional ajuste por cantidad (despidos) para dejar espacio al ajuste por precio (salarios).

En materia de ajustes de plantillas, el elevado coste del despido (el mayor de Europa), que limita una utilización más intensiva del factor trabajo, el Gobierno baja el umbral de los 45 días por año a los 33, respetando los derechos de los ya contratados ahora. Pero donde realmente tendrán mayor iniciativa los empresarios, en detrimento de la prerrogativa sindical, es en la gestión de los despidos colectivos por causas económicas. Además de disponer de justificaciones más preventivas (tres trimestres de pérdidas o caída de ventas), no será precisa la autorización administrativa y solo el juez podrá decidir si el despido está justificado o no y si debe ser indemnizado con 20 días por año o con 33. La trampa de la negociación desaparece y, a la larga, esta vía, puesta en marcha en 1993 e infrautilizada, se abre de verdad camino. Sea cual sea la reacción, verbal o de acción, de los sindicatos, la economía española precisaba cambios muy profundos. Estos lo son. Desde ahora, la excusa de la normativa laboral para no contratar se ha terminado.

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