La congelación de la luz en octubre generará un déficit de 1.800 millones
La decisión del Gobierno de congelar la factura eléctrica por la vía de compensar la subida del precio de la energía bajando los peajes un 12% va a generar un déficit de tarifa de 1.800 millones en 2013. Las eléctricas y la patronal Unesa preparan sendos recursos contra la orden de tarifa y pedirán medidas cautelares.
Tal como se había anunciado, las grandes eléctricas (de momento, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) y la patronal del sector, Unesa, están preparando sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra la orden ministerial del pasado 29 de septiembre, por la que se revisó la tarifa de acceso a las redes o peajes del último trimestre. El Gobierno los ha bajado un 12% para compensar, en igual medida, la subida del precio de la electricidad que resultó de la subasta Cesur (un 12,06% para las horas valle) y lograr así una congelación de la factura de la luz en un trimestre marcado por las elecciones generales.
La decisión tendrá serias consecuencias a medio y largo plazo para los 29 millones de consumidores y para el Gobierno que resulte de las urnas, que deberá desrizar aún más el rizo del déficit de la tarifa. Según cálculos empresariales, solo la bajada de los peajes en octubre incrementará el déficit en 1.800 millones a 2013 (900 millones en términos anuales).
Los peajes son la parte regulada de la factura eléctrica con la que se pagan todos los costes del sistema, excepto el de la energía, que está liberalizado y se determina en la citada subasta. Los costes que más pesan son las primas de las energías renovables y la financiación de los déficits históricos, que rondan los 20.000 millones. Dos partidas que aumentan de forma imparable y cuya situación se agravará si, como ha ocurrido, los peajes en lugar de subir, bajan.
En diciembre, el Gobierno cambió la ley (sobre el déficit) para no incumplirla
Según los argumentos de los recursos, que incluirán la petición de medidas cautelares, la orden de tarifas va a provocar un déficit que superará el tope legal permitido para este año, causando "un grave perjuicio" a las empresas que lo financian (ver gráfico). Por su parte, Unesa alegará que en la tramitación de la orden no ha sido llamada a una audiencia, tal como es preceptivo.
En su afán por poner coto al déficit tarifario sin subir adecuadamente la tarifa o, en su defecto, abordar una reforma en profundidad de los costes del sistema, el Gobierno modificó en 2009 la Ley Eléctrica que fijó unos topes anuales de déficit ex ante (reconocidos de antemano y titulizables con aval del Estado) y su desaparición total en 2013.
En 2009, el déficit de ingresos admitido fue de 3.500 millones; en 2010 y 2011, 3.000 millones, respectivamente, y en 2012, 1.500 millones. La norma es taxativa al respecto, y señala que si estas cifras se superan en un periodo (trimestre) las tarifas de acceso se deben incrementar de modo que absorban el déficit extra en el siguiente periodo. Según Unesa, el 1 de enero habría que subir la tarifa de acceso en un 12% (sin contar el coste de la energía que resulte de la Cesur trimestral), algo imprescindible si se quiere cumplir con el déficit máximo de 1.500 millones para 2012.
Las eléctricas ya recurrieron la orden de peajes de julio del año pasado, al darse una situación similar a la de ahora. El Gobierno lo solventó incrementando los topes legales a través del Real Decreto Ley 14/2010 del pasado diciembre (son los anteriormente citados). Pero, aunque de esta manera se libraba de tener que meter con calzador el exceso en la tarifa, engordaba una vez más la bola de nieve. Así, entre el déficit extra de 2010, y los costes de los generados este año y el previsto en 2012, las empresas calculan que la tarifa debería subir en realidad un 20% en enero.
Lo que el nuevo Gobierno se encontrará
Además de la hipoteca del déficit de tarifa, el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre se va a encontrar con algunas cuestiones relevantes que están sin resolver. Una de ellas, la orden ministerial sobre los pagos por capacidad, que el departamento que dirige Miguel Sebastián ha metido en un cajón.Los pagos incluidos en esta norma fueron la promesa de Sebastián a las tres grandes eléctricas a cambio de que estas retirasen a comienzos de este año los recursos en los tribunales contra el decreto del carbón nacional que las obligaba a consumir este mineral a un precio regulado. Esta obligación, con la que el Gobierno ha querido paliar la falta de competitividad del carbón autóctono, se tradujo en el desplazamiento de otras centrales del mercado, como los ciclos combinados de gas (que funcionan a la mitad de su capacidad) o las plantas de carbón de importación. Para paliar, a su vez, este desplazamiento, Industria decidió completar la regulación de los llamados pagos por capacidad. Unos incentivos que se otorgan a la inversión y a la disponibilidad (150 y 200 millones, respectivamente, este año).La Comisión Nacional de Energía (CNE) se ha opuesto a unos pagos por considerarlos coyunturales; se destinan solo a ciertas plantas y no se justifican dado la sobrecapacidad del sistema. No obstante, se ha ofrecido a realizar un informe con una propuesta para establecer un sistema razonable de pagos por capacidad a medio plazo.Queda por ver también si el Gobierno actual logra sacar adelante la regulación para las nuevas instalaciones eólicas y el real decreto sobre los peajes por el uso de las redes de distribución por parte de todas las generadoras eléctricas, incluidas las fotovoltaicas.
A quién beneficia
La bajada de los peajes en un 12% ha beneficiado a los clientes que no tienen derecho a tarifa de último recurso (TUR) o que han optado por el mercado libre para adquirir la energía, que ha subido el mismo porcentaje para los que tienen TUR.