Reformas a medias, reformas pendientes
Debemos concienciarnos. No hacemos reformas porque nos las pide Bruselas. Tenemos que hacer reformas porque las precisamos imperiosamente para adaptarnos a un mundo que evoluciona con rapidez y que no nos espera. No hacemos reformas impulsados por un repentino furor ultraliberal. Hacemos reformas porque, si no, languideceremos en la melancolía hasta morir. Para alcanzar el increíble nivel del 21% de desempleo hemos tenido que esforzarnos en hacer muchas cosas mal y no enmendar casi ninguna. En nuestro entorno, alcanzar tales tasas de inactividad es un imposible. Y nosotros lo hemos conseguido.
Es falso que nuestro alto desempleo se deba tan solo a la caída de la construcción, por mucho protagonismo que esta tuviera en nuestra estructura económica. Otros países han sufrido caídas similares sin que su desempleo alcanzara la estratosfera. Tampoco, como ahora acusan Gobierno y sindicatos, de la tacañería de nuestra banca. Los bancos tampoco dan un duro en otros países que presentan menos paro que nosotros. Ni siquiera nuestro anticuado mercado laboral tiene por entero la responsabilidad del tremendo desaguisado que hemos organizado. Siendo todas estas razones causas seguras de nuestro fracaso colectivo, no son exclusivos detonantes. En verdad, nuestro sistema político-social-económico presenta evidentes síntomas de envejecimiento, sin que seamos capaces de reformarlo. Creamos el sistema en la Transición, hace más de 30 años, y desde entonces permanece bloqueado, sin posibilidad de avance alguno. Por eso, ahora más que nunca, son necesarias las reformas. Si el sistema no evoluciona desde su interior, se encaminará hacia un colapso probable que liberará fuerzas catárticas creativas, pero incontroladas y de dudoso desenlace.
El Gobierno acometió cuatro familias de reformas: las de mercado laboral y pensiones, la de liberalización de servicios, la financiera y la de ahorro del sector público. Todas ellas sin duda necesarias, pero en las que se ha quedado corto por lo que los resultados en empleo serán lentos y escasos.
La reforma más contundente se introdujo tras la caída del caballo de nuestro presidente en mayo de 2010. Las pensiones se congelaron y el sueldo de los funcionarios se recortó en un 5%. Los sindicatos convocaron una huelga general en la función pública que fracasó con estrépito. Los funcionarios comprendieron que era preciso su esfuerzo. En esta misma línea, el Gobierno se planteó como objetivo el reducir el déficit según los compromisos europeos, lo que se está cumpliendo a nivel nacional, pero no al autonómico ni local, lo cual generará severos problemas si no logra controlarse. Nuestra crisis es económica, pero también tiene raíces políticas.
En el ámbito laboral, el Gobierno abordó, mediante sendos decretos-leyes, una reforma laboral y una de negociación colectiva. Y en ambas ocasiones con un resultado confuso, que siembra inseguridad jurídica y que es claramente insuficiente. En este aspecto hemos avanzado bien poco, y nuestro conjunto de normas laborales nos alejan de Europa y penalizan al empleo. Tampoco los agentes sociales han estado a la altura. Si no se ponen de acuerdo ni siquiera en estas circunstancias trágicas, ¿cuándo lo harán? Tras meses de ruido, la montaña terminó pariendo a un ratón. Grandes expectativas para que al final el resultado tuviera simple esencia de juegos florales. Estos desenlaces frustrantes fueron cantados por nuestro Lope de Vega: "Alentó mi esperanza el mar, perdonóla el viento, matóla el puerto". La reforma financiera está en marcha, sin que llegue un euro a las sedientas empresas. Las cajas de ahorros son ya cosa del pasado. Murieron sin que nadie derramara una lágrima por sus cien años de servicios. Descansen en paz. Pero una cosa es matar a la criatura y otra bien distinta hacer nacer algo nuevo. Hasta ahora, llevamos mucho tiempo y dinero para que la casa esté todavía a medio barrer. De todas formas, nuestras entidades están sobrecastigadas por la palpable desconfianza de mercados y países en nuestra realidad.
Aunque algunos sectores -turismo, exportación, agroindustria- presentan evidentes síntomas de mejora, los vinculados al consumo y, sobre todo, a la contratación pública, siguen en declive. La fase epilogal de la crisis será virulenta y la viviremos en ayuntamientos y autonomías, que tendrán que hacer ajustes severos y dolorosos, lo que incrementará la contestación callejera hasta niveles desconocidos hasta la fecha. Probablemente, la racionalización de nuestra arquitectura institucional será la siguiente reforma necesaria. Esperemos que no sea tan insuficiente como las anteriores.
Manuel Pimentel