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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Urge reaccionar ante el cambio de escenario

El Gobierno ha presentado su anunciado paquete de medidas de ahorro energético en medio de un tormentoso escenario de variables que auguran más nubarrones sobre la economía española. A la escalada de precios del petróleo, que se mantiene alimentada por el polvorín libio, hay que sumar el efecto del anuncio de una probable subida de tipos oficiales por parte del BCE en abril. Como rebote a esa advertencia, el euríbor a un año -indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas de las familias españolas- se ha disparado hasta el 1,92%, récord de subida en un día. Pese al férreo ejercicio voluntarista del Gobierno, que ha vuelto a defender a capa y espada la fiabilidad de su cuadro de previsiones, todo apunta a que España tendrá, muy probablemente, que revisar a la baja sus objetivos de crecimiento.

Con los datos actuales en la mano, las matemáticas juegan contra los cálculos del Gobierno. No en vano, las previsiones para 2011 que este maneja -y que incluyen un 1,3% de aumento del PIB- fueron elaboradas bajo la triple hipótesis de una recuperación del sector exterior, un precio medio del barril de crudo a 81,8 dólares y unos tipos a largo plazo del 2,8%. Estas dos últimas variables poco tienen ya que ver con el panorama al que España se enfrenta en este momento y cuya naturaleza, coyuntural o permanente, nadie puede aventurar.

De momento, en la hipótesis no muy arriesgada de un Brent que se mantenga cercano a los 120 dólares el barril -el viernes marcó 115 dólares- y una posible subida de tipos oficiales de entre 25 y 75 puntos básicos, las cuentas para España se saldan con casi un punto menos del crecimiento previsto. Una severa factura que acabaría de raíz con los brotes verdes que el Gobierno auguró el pasado septiembre y devuelve a primera línea el fantasma de la recesión.

De confirmarse este hipotético escenario en las próximas semanas, la economía española se enfrentaría a unas perspectivas extraordinariamente sombrías. Con uno de los niveles de dependencia energética y endeudamiento privado más altos de Europa, una actividad y un consumo interior lastrados por la falta de expectativas, una tasa de paro galopante y una financiación exterior dosificada, el panorama que se perfila en el horizonte es muy crítico. Pese a que la incertidumbre y el riesgo geopolítico no solo afectan a España y auguran ya, entre otras cosas, un cambio de rumbo en la mirada de los inversores -los analistas aconsejan centrarse en los países desarrollados en detrimento de las economías emergentes y apostar por empresas de energía, salud y telecomunicaciones-, la posición de la economía española en estos momentos es especialmente vulnerable. Y, por la misma razón, su necesidad de acometer reformas para paliar esa fragilidad es también mayor. La reacción del Ejecutivo a este cambio de escenario se circunscribe, por el momento, al plan de ahorro de energía de Industria.

A él se ha remitido el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en un intento por defender las previsiones del Ejecutivo. Pero los números, una vez más, son tozudos. Pese a haberse marcado un objetivo de ahorro de 2.300 millones, la inversión para llevar a cabo ese plan dejará ese ahorro en solo 1.200 millones. A la vista de la batería de medidas presentadas, nada indica que la iniciativa vaya a ser algo más que un nuevo parche a la dependencia energética que España mantiene -prácticamente inalterable y sin distinción de Gobiernos- desde hace 30 años.

No es momento para improvisar soluciones, ni en este ni en otro ámbito; como tampoco lo es para seguir manteniendo abiertos los grandes frentes que agarrotan la economía española. La clarificación del nuevo mapa del sistema financiero, la flexibilización de la negociación colectiva y el diseño de un verdadero modelo energético a largo plazo son objetivos que no pueden esperar más.

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