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La factura más difícil de cobrar es la del Estado
La factura más difícil de cobrar es la del Estado

La factura más difícil de cobrar es la del Estado

Las instituciones públicas tardan cinco meses en pagar sus facturas, lo que estrangula a las empresas, especialmente a las más pequeñas.

Pagar tarde, mal y nunca se ha convertido casi en una religión en España en los últimos años y la Administración pública es uno de sus principales seguidores de esta práctica. Hasta cinco meses (153 días) están tardando el conjunto de las instituciones públicas en pagar sus facturas actualmente, según el estudio Índice de riesgo 2010, elaborado por la compañía sueca de gestión de crédito Intrum Justitia. Un retraso que ha empeorado peligrosamente la morosidad de 2009 en 14 días, nos aleja aún más de la media europea, donde el pago de las facturas no supera los 63 días como máximo y, lo que es peor, ha agravado los problemas de liquidez que sufren muchas empresas.

Luis Salvatierra, director general de Intrum Justitia, ha estimado que si la Administración española liquidara a tiempo sus deudas inyectaría a la economía unos 10.600 millones de euros, una cifra superior al crédito que España ha concedido a Grecia. "Los políticos no se dan cuenta de que los retrasos en los pagos impactan gravemente y de una manera directa en la economía de los países y reducirlos debería ser el primer paso para salir de la crisis y paliar el problema actual de liquidez", afirma Salvatierra.

Un problema que se ha cebado principalmente con las pequeñas y medianas empresas, lo que justifica que este colectivo también haya recibido como agua de mayo la entrada en vigor de la reforma de la ley de morosidad, el pasado 7 de julio. Aunque habrá que respetar un periodo de transición de tres años fijado en la norma, para que los organismos públicos se vean obligados a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días y a las empresas privadas, de 60, para empezar, algo es algo. Teniendo en cuenta, además, que en estos momentos la supervivencia del 65% de las pymes y el 80% de los autónomos está en juego.

Ahora bien, el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos no son los únicos que tienen la mala costumbre de pagar con retraso. Las empresas privadas también se han ganado a pulso el calificativo de malas pagadoras, sobre todo en los últimos años. Bien sea por el arraigo de la cultura de alargar al máximo los plazos de pago, bien por las dificultades para imponer condiciones más restrictivas de pago a los clientes o por un problema estructural, agravado por la crisis, la realidad es que las entidades privadas también pagan mucho más tarde a sus proveedores que en Europa. Hasta 103 días tardan las empresas españolas en pagar sus facturas (59 días los particulares), según recoge el informe de Intrum Justitia. Un dato que contrasta con la media europea (no superior a los 55 días) y sitúa a España a la cola de Europa, junto a Grecia (106 días) e Italia (117 días).

Así y todo, las empresas españolas se han esforzado más que la Administración para mejorar su comportamiento de pago este año, aumentando en sólo dos días el plazo medio de pago frente a los 14 días de las instituciones públicas, destaca Salvatierra.

La falta de una legislación más restrictiva en España que en algunos países de Europa, como los nórdicos, que cuentan con una experiencia de más de 20 años; el intrincado funcionamiento de los tribunales, así como la dinámica de las empresas españolas, que hasta ahora se preocupaban más de vender y menos de asegurarse a quién y cómo, son algunos de los factores que no están ayudando a solucionar los problemas a la hora de cobrar a los clientes y a su vez pagar a los proveedores. Esta situación, además, se ha visto muy agravada por la crisis, las dificultades para acceder al crédito y los problemas financieros que están sufriendo la mayoría de sus clientes.

De hecho, según recoge este estudio, el riesgo de las operaciones comerciales en España ha alcanzado su peor nivel desde 2004, situándose en el puesto 167 (sobre 200). Las pérdidas por impagos también han subido sobremanera este año, alcanzando los 2.460 millones de euros. El volumen de créditos impagados creció un 26% en los primeros tres meses del año.

Pero la situación en Europa tampoco está mucho mejor. Aunque en la mayoría de los países las compañías pagan antes que en España, la crisis también ha hecho mella. Tanto es así que el coste de las pérdidas por impagos estimado en Europa ha crecido este año un 8%, alcanzando los 300.000 millones de euros (equivale a la deuda griega), lo que ha puesto contra las cuerdas a 200.000 empresas, que en estos momentos corren el riesgo de declararse insolventes. Y nada menos que el 25% de esta cifra se debe a la morosidad.

Más aún, en toda Europa, perseguir los impagos se ha convertido en una tarea que absorbe una gran cantidad de recursos económicos de las sociedades. Un capítulo en el que según han estimado en Intrum Justitia, las entidades gastan alrededor de 25.000 millones de euros (abogados, cartas, llamadas, recursos, etcétera). Este capítulo también es más problemático para las pymes, ya que al contar con menos recursos, normalmente postergan esta decisión demasiado en el tiempo.

Aplicar medidas preventivas, como analizar en profundidad la cartera de clientes antes de conceder un crédito, comenzar las gestiones de los impagados con más antelación y aplicar una política de crédito adecuada a cada cliente son algunas de las medidas que Salvatierra recomienda poner en práctica a las compañías para cobrar, ya que es la única forma de mejorar la competitividad. En España, en estos momentos, la Administración debe a las empresas unos 38.000 millones de euros y las compañías adeudan a sus proveedores unos 60.000 millones.

Ley de plazos para la morosidad

El devengo de intereses en caso de impago y la compensación por los costes de cobro que conllevaría la gestión de estas operaciones son algunas de las medidas recogidas en la ley de morosidad más valoradas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), además del recorte de los plazos de los pagos. La ley, encaminada a igualar los plazos con Europa, establece un periodo transitorio de adaptación que en el caso de la Administración pública fija en 50 días para lo que queda de este año y 2011, 45 días para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013. En el caso de las empresas privadas, salvo el sector de alimentación y productos perecederos, obligados a pagar en 30 días, la norma establece 85 días lo que queda de 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 días en 2013.

Para las constructoras que actualmente tardan en saldar sus facturas con los proveedores y subcontratistas más de 100 días, la ley fija un plazo de 120 días hasta diciembre de 2011, 90 días para 2012 y 60 días a partir de 2013.

Además, la nueva norma establece que las empresas deben informar en su memoria sobre sus plazos de pago y la posibilidad de recurrir las cláusulas abusivas por parte de las asociaciones y corporaciones empresariales, preservando la identidad de quien sufre los abusos. También prohíbe la negociación de los plazos.