El futuro de las renovables
Fin de la etapa dorada para las energías limpias
Fin de la etapa dorada para las energías limpias

Fin de la etapa dorada para las energías limpias

El Gobierno está decidido a reducir las primas a la generación 'verde' por su impacto en las tarifas eléctricas. El proceso hacia un nuevo marco legal acaba de empezar.

Los mensajes lanzados por el Ministerio de Industria en las últimas semanas puede que sean contradictorios y no supongan un ejemplo de oportunidad, pero algo sí dejan claro: las energías verdes no van a contar en España en el futuro con el apoyo, vía primas o subvenciones, que han tenido hasta ahora. Un respaldo que ha aportado beneficios innegables, que los actores implicados esperan que no se pierdan, pero que ha originado una espiral cercana a una preocupante burbuja en algunas áreas que ahora se quiere controlar.

Después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, intentase calmar a las empresas y a los mercados manifestando que las medidas no tendrán carácter retroactivo, el centro de interés de este proceso se ha desplazado a las negociaciones abiertas para crear una nueva ordenación en este área energética. Lo que se percibe es que los próximos meses no van a ser tranquilos: todos los sectores afectados se han movilizado para defender sus intereses y, en ocasiones, para augurar desastres, que serían prácticamente irreversibles, si no se atienden sus peticiones.

Aunque el ministerio quiere abordar reformas globales en el área eléctrica -con el fin de ahondar en la liberalización, en el desarrollo de infraestructuras e interconexiones internacionales y en la seguridad nuclear-, las energías verdes tienen un capítulo aparte y está previsto que éste se convierta en ley el próximo julio.

Reacciones

Pero ¿qué es lo que emerge que obliga a un cambio lo más rápido posible? En primerísimo lugar está el alza de las primas para algunas energías que no corresponden a su aportación a la generación global, y que no pueden ser absorbidas por el sistema eléctrico sin una subida radical de las tarifas. También que el plan actual de las energías verdes (2005-2010) concluye y es necesario abordar un nuevo marco de cara a 2011.

Para Arturo Rojas, socio director de Analistas Financieros Internacionales (AFI), la necesidad de introducir cambios es indiscutible, especialmente para las energías fotovoltaicas, para las que las primas reconocidas son muy elevadas. Añade que se trata de un sector que se está beneficiando por la reducción de costes, sin que existan mecanismos de ajuste de las ayudas.

"Quizá el tratamiento actual de esta tecnología fue un gol que se metió al Gobierno, y ahora quieren rectificar. Pero si esa corrección no se hace bien, pueden volver a equivocarse y de dos errores no surge un acierto", señala.

Como otros expertos, por lo que Arturo Rojas muestra más preocupación es porque se cuestione una energía como la eólica. "Es una incoherencia, una incongruencia con lo que se ha hecho y con objetivos como los de la ley de Economía Sostenible. Se está promocionando el coche eléctrico, cuando es un proyecto a más largo plazo, mientras que la aportación de las renovables es una realidad", agrega.

En opinión de Javier Carrillo, director del área de entorno económico de IE Business School, no es discutible que las energías limpias deban contar con apoyo público en su comienzo para competir con energías más maduras. No obstante, comparte la opinión de que esto no significa que sean innecesarios retoques, si bien precisa que, como se está haciendo, se introducen incertidumbres de cara a nuevas inversiones. Opina igualmente que los cambios podrían ser más necesarios en las fotovoltaicas, con márgenes que se acrecentarán si se mantienen las subvenciones en un panorama de reducción de los costes de los paneles.

El ministerio parte, por tanto, de un complejo panorama, con intereses difíciles de compaginar. En principio mantiene el objetivo de que la potencia eólica terrestre instalada en 2020 se eleve a 35.000 megavatios, lo que supondría un aumento del 91% respecto a la actual. Y que la solar alcance los 15.685 megavatios, un 276% más que ahora.

Estas metas están en línea con los compromisos de que el 20% de la energía final consumida en España tenga como origen la renovable, pero se considera difícil de lograr si van acompañadas de un fuerte recorte de primas -se habla de quitas en el entorno del 40% anual partiendo de los 6.200 millones de 2009-. Otra posibilidad es que se opte por subidas de las tarifas superiores a los dos dígitos en varios años. Es un dilema que, según Morgan Stanley, tiene el Gobierno. Esta entidad destaca que los altos costes que suponen el subsidio de las energías verdes elevan el déficit tarifario, con el que querían terminar. Concluye que la solución podría ser salomónica: recortar las primas y elevar las tarifas.

Es una opinión en parte similar a la expresada el pasado 20 de abril por el presidente de Gas Natural, Rafael Villaseca, que cifró en el 20% anual la necesidad de aumento de las tarifas eléctricas para soportar la financiación de las renovables.

Con este contexto aún abierto, empresas y asociaciones implicadas afilan sus armas y exponen sus razones para influir en la decisiones del Gobierno. Desde las empresas verdes aportan argumentos, tanto energéticos como macroeconómicos y tecnológicos. En el ámbito eléctrico, se indica, por ejemplo, que la dependencia española del exterior -especialmente por la importación de hidrocarburos- sería del 75% sin renovables, y con ellas esa cifra baja al 65%. Otro dato: evitan la emisión de 23,5 millones de toneladas de CO2 al año.

Afirman además que su aportación a la economía española es superior a los 10.000 millones de euros, lo que equivale casi el 1% del Producto Interior Bruto (PIB), con una contribución fiscal neta cercana a los 400 millones de euros al año.

Quizá los datos más elocuentes se refieran al desarrollo que la tecnología eólica tiene en España, con 700 empresas operativas, la mayor parte ingenierías, y con patentes registradas sólo superadas por Alemania, Estados Unidos y Japón. Mientras, el conjunto de renovables supone cerca de 120.000 empleos.

En esta línea, Arturo Rojas, de AFI se pregunta cuál es la aportación de esta energía. Y nombra las que, a su juicio, son más relevantes. "Son empresas que han mostrado que saben hacer bien su trabajo. Aportan tecnología, presencia exterior, patentes. Han puesto a España en el mapa tecnológico internacional", dice.

Con todo incide en la idea de que es posible hacer cambios, siempre que no se caiga en poner en peligro lo logrado o en la inseguridad jurídica. "Son necesarias soluciones globales, incluido el déficit de tarifas. Tal vez el ministerio ha sido poco preciso y selectivo, pero ahora no se puede pecar de lo contrario", manifiesta. Y Álvaro Navarro, de Intermoney, subraya que es necesario un marco estable, y más si se pretende que continúen las inversiones en el área. Y si los objetivos no cambian sería necesario construir 2.000 megavatios anuales en los próximos diez años sólo en eólica, proyectos que tienen un proceso de desarrollo de unos siete años.

Deslocalizaciones

Otra baza que se utiliza desde el sector es que si los recortes son muy pronunciados, además de poner en peligro el desarrollo de la potencia adicional prevista, se producirían deslocalizaciones de empresas. En esta línea se añade que, pese al desarrollo conseguido, no es el país que más subvenciona a la eólica -otra historia es la termosolar- después de los retoques de años anteriores. Así, mientras la prima para el megavatio-hora producido por el viento se eleva en España a 77 euros, en Francia es de 86 euros y en Alemania a 96 euros.

Lo que ha agitado con fuerza esta revisión legislativa es las diferencias de momento difíciles de conciliar en el sector eléctrico: empresas de generación térmica, como Gas Natural, contra los "privilegios" de las renovables. Y dentro de este grupo, eólicas contra solares. Algunos empresarios han acusado a Industria de ceder ante el lobby eléctrico, pero la verdad es que éste está muy dividido.

Además de la reiteradas manifestaciones de directivos de la empresa gasista en el sentido de la distorsión que suponen las subvenciones, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola Renovables, ha reclamado una moratoria para la fotovoltaica y la termosolar para evitar un incremento sustancial de las tarifas.

A este puzle hay que añadir que la banca está también afectada, ya que sólo a las eólicas las ha financiado por más de 18.000 millones de euros.

¿Reordenación global del sector?

Puede que el cambio de status para las energías verdes no sea más que el comienzo. Son varias las voces del sector que señalan que el sistema eléctrico precisa de cambios legales y estructurales porque las grandes cuestiones no funcionan. Entre éstas está el pool (mercado mayorista de electricidad) o el que no se trasladen todos los costes incurridos a las tarifas, lo que supone que el llamado déficit tarifario siga aumentando. Se habla de una refundación para eliminar imperfecciones y para conseguir un mix de generación que dé seguridad de suministro. Un modelo que aporte señales claras a los inversores y una electricidad más barata

Ahora, por ejemplo, por la obligación que tienen los comercializadores de dar prioridad a determinadas energías, la mayor parte de las centrales de ciclo combinado tienen muy pocas horas en funcionamiento, aunque son necesarias para asegurar el suministro cuando la eólica reduce su aportación.

El sector tiene también claro que se debe aclarar la política respecto a la energía nuclear, aunque la posición poco proclive del Gobierno no es el principal obstáculo, y sí lo es los mayores costes de inversión. Más de un alto directivo ha declarado que con las actuales condiciones ninguna empresa acometerá la construcción de nucleares. Mientras se aborde una revisión, más o menos profunda, Industria prevé que entre 2009 y 2020, la generación nuclear y por gas natural experimenten ligeras subidas, el carbón se reduzca y el fuel y la cogeneración bajen fuertemente. Y las mayores subidas serían para las renovables.

La cifra

50% son los costes que supusieron para el sistema eléctrico las energías con régimen especial en 2009. Mientras, su aportación al mercado de generación se elevó al 28%.

La desordenada alza de las primas

Las primas a la energía eólica han subido desde los 451 millones de euros de 2004 a los 1.608 millones del último ejercicio. En paralelo, la producción se ha incrementado, y la pasada semana se alcanzó un nuevo récord diario con 278.507 megavatios hora, lo que supuso que esta energía cubrió el 40% de la demanda eléctrica del día. Pero lo que resulta más relevante en la trayectoria de las primas al régimen especial es la evolución de la fotovoltaica, de los discretos 6,14 millones de euros de 2004 se ha llegado a los 2.588 millones de 2009. Un año antes, en 2008, las subvenciones a esa tecnología habían ascendido a 989 millones. Y esta es la razón, además de la obligación de cambiar las normas a las renovables, que empuja al ministerio a revisar todo este entramado energético. Hay otros datos llamativos, como que la retribución media para esta tecnología esté en los 466 euros por megavatios hora. Esto ha conducido al boom: en 2009, la potencia eólica instalada en España alcanzó el 90% del objetivo para 2010, mientras que la fotovoltaica llegó a los 3.400 megavatios, siete veces más que la meta puesta para 2010.

La conclusión es que la energía eólica aportó el 14% de la energía generada en 2009, mientras que supuso el 16% del coste de la producción. Y las solares aportaron el 2% y el 16% de los costes. En conjunto, el 28% de la generación en España se debió a las energías con régimen especial, con un 50% de los costes totales.

Estas cifras y que el coste de la electricidad de España está ya un 5% por encima de la media de la UE han sido esgrimidas por Sebastián en las reuniones de esta pasada semana en lo que se decanta como el inicio del proceso de negociaciones. Y también que el incremento gradual de las primas hasta 2013, previsto hasta ahora, está más que descartado.