TRIBUNA

Otra solidaridad autonómica es posible

Conociendo ya varias liquidaciones del modelo de financiación autonómica y en la antesala de unas elecciones generales, parece el momento adecuado para someter al debate público propuestas para conseguir servicios públicos más eficientes, solidarios y de calidad. Sin querer ser arrastreros en la mar y sí pescadores de caña que no desean atrapar un inocente delfín, focalizaremos nuestra atención en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), el gran olvidado del intenso debate autonómico. Creemos que ha llegado el momento de devolverle una virtualidad que nunca debió perder. Pero vayamos por partes.

¿Qué es el FCI? La Constitución española obliga a dotar un 'fondo de compensación', destinado a la financiación de gastos de inversión, con el fin de reducir desigualdades de renta y riqueza entre comunidades autónomas. El FCI no forma parte del sistema de financiación autonómica y, en consecuencia, no pretende garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español (para eso está el Fondo de Suficiencia). Su objetivo pasa por financiar inversiones productivas en las comunidades menos desarrolladas y, por todo ello, estamos ante una de las piezas clave en el diseño de nuestro Estado de las autonomías.

¿Ha logrado el FCI sus objetivos de solidaridad? Podríamos decir que el FCI ha sido eficaz, fomentado el crecimiento económico equilibrado, si bien podría haberlo hecho de una forma mucho más intensa. Su problema de insuficiencia crónica ha debilitado su efectividad, pasando de una cuantía global equivalente al 0,48% del PIB en 1986 a otra en 2007 que ni siquiera alcanza el 0,12% del PIB. Este aparente desinterés político por el FCI se explica por la coincidencia de fechas entre la incorporación de España a la Unión Europea y la puesta en marcha del FCI. Desde entonces nuestro país ha sido uno de los receptores privilegiados de fondos estructurales y de cohesión, circunstancia que habría servido para que el FCI quedase relegado a un papel subsidiario, aun a riesgo de violentar un mandato constitucional explícito.

¿Y esto va a seguir así mucho tiempo? El paraguas europeo puede empezar a calar algo de agua a partir de la próxima década, momento en que los españoles dejaremos de ser los aventajados receptores de fondos europeos que hemos sido. Si añadimos que el recurso al endeudamiento está bastante restringido y que las comunidades autónomas tienen ciertas dificultades para generar ahorro corriente, concluiremos con la necesidad de volver la vista hacia el FCI, pues en buena medida de él dependerán las inversiones autonómicas, el crecimiento económico y la cohesión territorial.

¿Qué proponemos? Incrementar de manera sustancial la cuantía del FCI hasta alcanzar la que tenía en sus inicios, cerca del 0,5% del PIB. Para no comprometer los objetivos de déficit ni poner en cuestión otras partidas de los Presupuestos Generales del Estado, tal incremento sería gradual, estimando un coste diferencial del 0,26% del PIB generado en España en el periodo 2008-2013. Las variables de reparto también serían mejoradas, así como la capacidad de propuesta de las comunidades autónomas y el proceso de discusión multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El momento también podría ser aprovechado para promover inversiones dinamizadoras de la productividad, especialmente en actividades intensivas en I+D+i. Finalmente, para facilitar la aceptación política, las comunidades beneficiarias serían las mismas y ninguna perdería financiación con respecto a la situación actual.

¿Algún problema? Nuestra propuesta no es inocua ni inocente. De llevarse a cabo, el Gobierno de España podría verse tentado a sustituir inversiones directas en el territorio por dotaciones del FCI para las comunidades. Un comportamiento que no tendría por qué ser intrínsecamente malo, teniendo en cuenta que respetaría la autonomía financiera de la Hacienda central, mucho más que las sucesivas disposiciones de estatutos de autonomía cuando vinculan la inversión directa del Estado al PIB, la población o las supuestas deudas históricas. Asimismo, las inversiones primarían más la equiparación de niveles de desarrollo entre territorios y, en consecuencia, beneficiarían a los más necesitados a través de un mecanismo de solidaridad más estable y transparente.

En definitiva, creemos que la solidaridad entre comunidades autónomas no sólo es muy deseable, sino que además resulta ser el complemento perfecto a la autonomía financiera, la que disfrutan las regiones y nacionalidades, pero la que también tiene el Estado en tanto que Gobierno central.

Roberto Fernández Llera / Francisco J. Delgado Rivero. Profesores de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo