Fiscalía Anticorrupcion

Los delitos urbanísticos disparan las denuncias por corrupción

Las denuncias interpuestas por particulares, colectivos y organismos de diversa índole ante la Fiscalía Anticorrupción se han multiplicado por cuatro en un solo año. Las causas judiciales en trámite por este órgano crecieron un 40,2% en 2006 respecto al ejercicio anterior, bajo el paraguas de la corrupción urbanística.

El trabajo se agolpa en la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Hasta 446 escritos de denuncias han llegado a sus despachos en un sólo año según los datos que acaba de agrupar a Fiscalía General del Estado en su memoria de 2006, frente a los 107 del periodo anterior. Aunque parte de estos escritos (154) corresponden con causas que 'no tienen relevancia penal', según se adjunta en la memoria, la Fiscalía reconoce el aumento exponencial de la carga de trabajo, que ha provocado que las causas judiciales en trámite por Anticorrupción aumenten un 40,2% (hasta las 178), en un sólo año y que los procedimientos penales en los que interviene la Fiscalía se hayan multiplicado por tres.

A ello se suman los informes-denuncias del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Dinero (Sepblac) del Banco de España (284) remitidas a Anticorrupción.

Buena parte de esta mayor carga se debe, según la Fiscalía, al aumento de los casos de corrupción urbanística en todo el territorio nacional, algunos de especial relevancia como la Operación Malaya. Otra buena parte se debe al aumento de investigaciones en tramas organizadas de fraude de IVA, en los que la Agencia Tributaria es colaboradora esencial (remitió 93 informes a petición propia o por requerimiento de los juzgados). De hecho, la Fiscalía destaca cómo la coordinación entre el juez el fiscal, la policía judicial y Hacienda es esencial para prolongar en los próximos años estos buenos resultados y que ha hecho posible en 206 recoger información sobre 482 grupos criminales a los que se les imputa 1.074 delitos (2,2 por cada grupo investigado).

Otro factor positivo ha sido el trabajo de los fiscales delegados. De hecho, en 2006 se han incorporado seis fiscales delegados y otros cuatro nuevos fiscales.

En cambio, se ha recortado la plantilla de los miembros de la Unidad de Policía Judicial, algo que 'no resulta positivo', según reconoce la Fiscalía, por lo que ha solicitado un aumento del número de funcionarios. Esta reivindicación es importante, teniendo en cuenta la 'dificultad de reclutar voluntarios' para ocupar vacantes y que, según el organismo, los miembros más expertos de la secciones 'son objeto del deseo de despachos profesionales privados'.

Otra reivindicación es la puesta en funcionamiento, 'que se hace cada vez más apremiante', de la futura nueva sede la a Fiscalía, 'dado que la actual ha dejado de reunir las condiciones mínimas para poder alojar una plantilla cada vez más numerosa'.

Pide investigadores en régimen de exclusividad

Durante el año pasado la Fiscalía continuó con el proceso de implantación de secciones especializadas de delitos económicos en aquellos lugares donde todavía no existían pese a requerirlo el volumen de trabajo existente.

La implantación de estas secciones hace oportuno, según Anticorrupción, que sus componentes 'deban estar adscritos a un régimen de exclusividad' y con competencia para el conocimiento de los asuntos asignados,' desde su entrada en Fiscalía hasta su finalización'. Tal sugerencia es 'vital' para resolver con eficacia casos de compleja ingeniería financiero-fiscal como lo suponen los delitos relacionados contra el blanqueo de capitales. A veces se da el caso de que un fiscal inicia un procedimiento pero lo remite posteriormente a un compañero para que continúe la investigación.

La presencia de más especialistas no jurídicos en materias anexas (contabilidad, tributos...) 'también sería deseable' en todas las secciones delegadas, tal y como se ha implantado en Barcelona en el último año.

Aunque la Fiscalía reconoce el esfuerzo presupuestario hecho en medios materiales durante los últimos años, no oculta la necesidad de más apoyo, sobre todo en material informático en algunas capitales de provincia.

Por último, el organismo espera con impaciencia la puesta en marcha de la reforma del Código Penal (en trámite parlamentario) en donde se recogen importantes novedades para la lucha contra las tramas organizadas. Entre ellas, la reforma de la figura del delito fiscal (se amplía a 10 años el plazo de prescripción) y la tipificación de nuevos delitos relacionados con la estafa societaria y el enriquecimiento ilícito.

Casos más sobresalientes: Cohecho, estafas y prevaricación

¦bull; Marbella. Diligencias en virtud de la querella por los convenios celebrados por el ayuntamiento, a tenor del informe del Tribunal de Cuentas, contra el ex alcalde y un asesor.

¦bull; Andratx. Querella del fiscal delegado de Baleares por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricaciones urbanísticas.

¦bull; Ciempozuelos. Diligencias practicadas tras el escrito del Sepblac por delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

¦bull; Canarias. Procedimiento contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife por malversación de caudales públicos.

¦bull; Afinsa y Fórum. Procedimiento por delito de estafa y falsedad en cuentas anuales.