Economía
Solbes rechaza más ayudas fiscales a la hipoteca inversa
Solbes rechaza más ayudas fiscales a la hipoteca inversa

Solbes rechaza más ayudas fiscales a la hipoteca inversa

El Gobierno no está dispuesto a ofrecer nuevos incentivos fiscales para promover las hipotecas inversas. Así se lo comunicaron el pasado miércoles altos cargos del Ministerio de Economía a representantes del PSOE y CiU, durante una reunión en la que abordaron los últimos flecos de la Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso.

CiU y el PP han canalizado los intereses de la patronal aseguradora Unespa en este proyecto de ley, a través de enmiendas que permitirían a las aseguradoras entrar en un negocio hasta ahora reservado a las entidades financieras. Desde que se permitieron las hipotecas inversas, consistentes en préstamos que toman como garantía la vivienda habitual de los mayores de 65 años y dependientes, se calcula que bancos y cajas de ahorro han suscrito cerca de 10.000 contratos de este tipo. Las empresas aseguradoras aspiran a competir con ellos en igualdad de condiciones.

El vicepresidente Pedro Solbes transmitió el miércoles a CiU y al PSOE su negativa a modificar la ley del IRPF para dar nuevos incentivos fiscales a este tipo de hipotecas. La ley remitida al Congreso ya prevé eximir del pago del impuesto de actos jurídicos documentados a quienes las firmen, lo que ya supondrá un ahorro considerable porque ahora implica abonar entre el 0,5% y el 1% del valor de la vivienda, dependiendo de la comunidad donde se resida. La norma incorpora también una reducción de los costes notariales y registrales en todo lo que afecta a las escrituras públicas que documenten las operaciones de constitución, subrogación, novación y cancelación de este tipo de hipotecas.

A lo que no está dispuesto el Gobierno, según fuentes del Ministerio, es a cambiar la ley del IRPF para satisfacer las demandas de Unespa. Y mucho menos a compensar a las comunidades por la pérdida de recaudación que se derivaría de estas ayudas. 'Es algo que trasciende al ámbito de la propia ley Hipotecaria', se le ha respondido a CiU desde el departamento de Solbes.

En las enmiendas de CiU y el PP se reclama, en concreto, que tanto la constitución como las rentas inmediatas, temporales o vitalicias, del seguro que se realice para este modelo de hipotecas estén exentas de tributación en el IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio y, en el caso de las rentas reversibles, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Todo este bloque de medidas fiscales, se considera en Economía, tendría que dar lugar, de aceptarse, a una nueva ley, en todo caso diferente a la que ahora se tramita en el Congreso.

Dos figuras de hipotecas nuevas

Estos incentivos, que harían mucho más atractivo para los mayores de 65 años y dependientes los contratos de hipotecas de esta naturaleza, se desean aplicar por parte de las aseguradoras a través de dos tipos de figuras que están siendo estudiadas por el Ministerio: la vivienda pensión y la hipoteca pensión.

La primera descansaría en un contrato en virtud del cual el tomador transmite la titularidad de su vivienda habitual a una entidad aseguradora a cambio de una renta vitalicia asegurada. Los requisitos para poder contratarlo serían tener cumplidos los 65 años o estar afectado de dependencia severa o de gran dependencia. La segunda se formalizaría a través de un contrato por el que se hipoteca la vivienda habitual, sin ceder su titularidad, a cambio de la percepción de una renta vitalicia que puede ser devuelta por el beneficiario antes de fallecer o bien por sus herederos con sus correspondientes intereses.

Economía se ha dado hasta septiembre para estudiar el alcance de estas figuras que permitirían a las aseguradoras competir con bancos y cajas en el mercado de las hipotecas inversas, en el bien entendido de que no cederá a las exigencias de nuevos incentivos fiscales demandados por Unespa.

Pérdida de recaudación

La ambición de las empresas aseguradoras no se detiene sólo en la incorporación de nuevas ayudas fiscales a las hipotecas inversas, más allá de la supresión del impuesto de actos jurídicos documentados. También quieren que Economía flexibilice los requisitos necesarios para acceder a este tipo de hipotecas. Mediante enmiendas registradas en el Congreso por el PP y CiU, se propone extender su ámbito a todas las situaciones de dependencia, ya sea moderada, severa o de gran dependencia, ya que la ley remitida al Congreso sólo incorpora estos dos últimos supuestos.

Populares y nacionalistas catalanes pretenden también que la pérdida de recaudación que supondría para las comunidades las exenciones tributarias demandadas por las aseguradoras sea sufragada por el Gobierno central dentro de un principio de 'lealtad institucional' que invocan en sus enmiendas. Economía también ha rechazado esta pretensión.

El viernes se revisará el cuadro macro

Los altos cargos de Economía aprovecharon la reunión mantenida el miércoles con el PSOE y CiU para anticiparles que en el Consejo de Ministros del próximo viernes el Gobierno aprobará la modificación del cuadro macroeconómico como paso previo del envío al Congreso del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. En la reunión también se ultimaron los cambios que se introducirán en la ley de Auditoría, cuya reforma se aprobará en breve.

Igualdad con el sector bancario

Si la posición de Economía es clara, la de los grupos que han canalizado las aspiraciones de las aseguradoras, también. A juicio del responsable económico del PP, Miguel Arias Cañete, 'las demandas del sector asegurador son lógicas porque le pondrían en igualdad de condiciones con el sector bancario'. 'En este y en otros aspectos de la ley estamos dispuestos a buscar puntos de encuentro', afirma. A su portavoz en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, le parece 'razonable plantear otras fórmulas de licuación del patrimonio distintas a la hipoteca inversa, dando las mismas facilidades fiscales a bancos y a empresas aseguradoras'.

CiU y el PP han canalizado también a través de sus enmiendas a la ley Hipotecaria las demandas del resto de los grupos de presión que se sienten afectados por esta norma, entre ellos el Colegio de Registradores, la Asociación Española de Banca y la Asociación Hipotecaria Española.