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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los timos 'online', en el punto de mira

El phishing recorre el mundo. Y también preocupa en España. Este término inglés, que designa los intentos de fraude contra los clientes de banca online, ha desatado la preocupación de los sistemas financieros a escala global. A través del envío masivo de correos electrónicos, en los que se solicitan a los clientes sus datos personales y claves de acceso a sus bancos por internet, los piratas del siglo XXI están poniendo en jaque a las entidades financieras y al sistema judicial.

La técnica, desarrollada masivamente en los últimos cuatro años, ha permitido a los ciberdelincuentes realizar miles de fraudes en muchos países. Y con una tasa de aumento muy elevada. Según la Anti-Phishing Working Group, formada por la banca y las industrias de seguridad electrónica, los ataques crecieron un 180% entre abril y mayo de 2004. Se estima que caen en la trampa el 5% de las personas que reciben estos correos solicitándole sus datos y claves. En 2003, el phishing estafó 88 millones de euros a la banca británica y 990 millones de euros a entidades de Estados Unidos.

En España, la incidencia es menor, pero se ha comprobado que algunas de las páginas web de los bancos pueden ser filtradas. En este sentido, tanto la banca como las cajas han puesto en marcha dentro del Centro de Coordinación Interbancario (CCI) un grupo específico para combatir esta amenaza .

Es evidente la urgencia de esta y de todas las iniciativas colectivas e individuales de las entidades financieras españolas. La información precisa a los clientes de la banca online para que sepan cómo actuar en estos casos, así como las medidas para detectar las fisuras de los sistemas a través de los que se opera, son dos cuestiones fundamentales para evitar que los delincuentes consumen sus delitos y, sobre todo, para salvaguardar la confianza de los clientes. El avance de la tecnología debe realizarse con la máxima seguridad. Y las leyes deben adecuarse a esta nueva realidad, por lo que se deben abordar las reformas necesarias para proteger al usuario.

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