Rebajas de impuestos
Julián Ariza afirma que, a pesar de la propaganda oficial, en España no baja la presión fiscal en su conjunto. El autor dice que lo que se produce es una redistribución de las cargas por la vía del aumento de la imposición indirecta
El anuncio del presidente de EE UU de efectuar en el próximo decenio un recorte fiscal de 674.000 millones de dólares ha tenido un importante eco mediático, del que da fe que apenas haya habido entre nosotros un solo periódico que no dedicara editoriales a la noticia.
Estos editoriales han oscilado entre la consideración de que la medida resulta inadecuada para resolver los problemas que aquejan a la economía estadounidense y la de saludar como positivo que se beneficie a quienes, en expresión eufemística, tienen capacidad de ahorro, pues ello redundará, según se dice, en inversión, reactivación económica y empleo. No obstante, hasta los más estusiastas de que se rebajen impuestos a los ricos reconocen que no está asegurado que la iniciativa de Bush produzca las bondades que éste proclama.
En cuanto a los comentaristas con firma, los más críticos cargan las tintas en que el bocado del león se lo vaya a llevar el 1% de los contribuyentes y que el montante de la eliminación del impuesto a los dividendos represente nada menos que el 56% del total, sin contar otra serie de incentivos y bonificaciones a las empresas.
Hay que oponerse a la falsa idea de que para ganar unas elecciones es preciso ofrecer recortes tributarios al electorado
Son escasos los comentarios acerca de que la propuesta de Bush pospone abordar los serios problemas que padece la sanidad y la educación de aquel país. Habría que añadir que el gasto de EE UU en estas áreas no es bajo, sino que, como buena parte de su gestión es privada, la desigualdad en el acceso y tratamiento a los ciudadanos corre pareja a la desigualdad de ingresos de las familias, muy acusada en aquellas latitudes, lo que conlleva, por ejemplo, que representando el gasto sanitario respecto del PIB vez y media más de lo que representa en Europa, la asistencia sanitaria, globalmente considerada, sea en EE UU bastante peor que la europea.
Llama la atención de todo lo leído no haber encontrado a nadie que, aprovechando la oportunidad ofrecida por Bush y al hilo de las rebajas de Aznar, se haya atrevido a plantear que, más allá de a quienes favorece sobremanera, la política de rebajar impuestos, en sí misma, debe ser una de las banderas críticas de la izquierda, por sus consecuencias en el aumento de las desigualdades y el deterioro de los servicios públicos.
Porque lo inquietante no es ya que un ultraderechista como Bush y algunos de sus sumisos admiradores en Europa -entre ellos Aznar- defiendan esa política. Lo preocupante es que desde la izquierda no se le hagan ascos y la crítica se limite a decir que las rebajas en curso en nuestro país afectan a la equidad en la distribución de las cargas, callando que en España los recursos del Estado son proporcionalmente menores a los de la mayoría de los países de la UE e imposibilitan cumplir funciones estrictamente constitucionales, entre ellas las concernientes a la mejora de la salud y sanidad públicas, a que la educación cumpla el principio de igualdad de oportunidades, al derecho a la vivienda y, en fin, a todo aquello que abarca una lectura correcta de lo que se entiende por Estado social.
Hay que poner pie en pared frente a la falsa idea de que para ganar unas elecciones es preciso ofrecer rebajas de impuestos al electorado. Esa demanda, en términos cuantitativos, sólo la realiza activamente una pequeña minoría, formada por quienes poseen suficientes medios para menospreciar la función niveladora, cohesionadora y solidaria que debe cumplir el Estado social y sus políticas.
Bien es cierto que, a pesar de la propaganda, en España no baja la presión impositiva en su conjunto. Aquí lo que está en marcha desde hace años es una nueva redistribución de las cargas, sobre todo por la vía de incrementar los ingresos por imposición indirecta y disminuir los provenientes de la directa, de forma que el resultado final viene siendo, además de las carencias por los retrasos respecto de la UE, beneficiar a aquellos que se nutren de rentas del capital en perjuicio de los que viven de las rentas del trabajo.
En vísperas de campañas electorales y con toda la pedagogía y prudencia que aconseja llevar años de acomplejada actitud frente a la política de rebaja de impuestos, la izquierda debería huir de la trampa elemental de si es o no partidaria de subirlos, centrando su mensaje en lo que verdaderamente interesa a la mayoría de los ciudadanos, esto es, en que sea equitativo y progresista el esfuerzo fiscal, en el compromiso de eficiencia y trasparencia en la utilización de los recursos públicos y en la necesidad de que sean los suficientes para que los servicios y prestaciones del sistema de protección social sean dignos, para que se refuerce la igualdad y cohesión social, e incluso para que se pueda crear empleo en esos sectores de los servicios comunitarios que, por sí solos, darían ocupación a más de medio millón de personas si nos igualáramos a la ratio promedio de lo que hoy existe en la UE.
De poco le sirve a la gran mayoría de los contribuyentes que se le rebajen unos cuantos euros del IRPF si, por ejemplo, se ven obligados a contratar asistencia sanitaria privada a causa del creciente deterioro de la pública o sufren los efectos de que la vivienda y su mercado eleven el precio a un promedio anual del 15%.